Diversas organizaciones de Euskadi han reclamado hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, una mayor y más eficaz implicación de las instituciones públicas en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en Euskadi. Para ello, una veintena de asociaciones se han movilizado frente a la sede del Gobierno Vasco en Bilbao. “La pobreza y la exclusión: un problema de derechos humanos. Murrizketarik EZ!” es el lema que han utilizado.
En 1948 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25.1. proclama que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Además, también se reconoce el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.
Situación en Euskadi
Sin embargo, a día de hoy, la situación que se vive en Euskadi dista mucho, en algunos casos, de lo expresado en la declaración. Por ejemplo, 2.797 personas no tienen hogar y 132.173 están en situación de pobreza grave. Esta última cifra es, además, la más alta desde 1986.
Por otra parte, 385.560 personas están en pobreza relativa y otras 432.219, es decir, el 19,9% de la población vasca, en riesgo de pobreza y exclusión. Además, tampoco se puede olvidar que las mujeres sufren más gravemente la pobreza y exclusión social, tal y como ha explicado Elena de la Hera, representante de las redes del tercer sector.
Políticas públicas accesibles y eficaces
Por todo ello, la veintena de organizaciones que se han concentrado hoy han reclamado unas políticas públicas accesibles y eficaces. Concretamente, esto es lo que reclaman: un sistema de garantía de ingresos que garantice acabar con todas las formas de pobreza y una vivienda digna y accesible para todas las personas. Además, también subrayan la importancia de unas condiciones laborales decentes que permitan acabar con la precariedad laboral, unas pensiones justas y dignas, el acceso a servicios públicos de calidad y una fiscalidad más justa y progresiva.
