Desde que se hizo público que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará el papel del rey Juan Carlos en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca, han surgido muchas dudas legales sobre de qué manera va a ser juzgado, ya que el monarca emérito ya no es inimputable pero está aforado en el Supremo.
Según una nota pública difundida por la Fiscalía, la investigación se va a centrar en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad de la Constitución española al jefe del Estado, una circunstancia que hoy hemos analizado con Josep Mª Tamarit, catedrático de derecho penal de la Universidad Oberta de Catalatunya.
