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«La obligación de la Diputación es velar por el bien común y es preciso afrontar el desequilibrio en las carreteras» Imanol Pradales

15 junio 2021 EgunOn Bizkaia


El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, ha mostrado su disposición a «dialogar» con el sector de Transportes de mercancías y buscar «un punto de acuerdo» sobre el nuevo canon para grandes camiones, que no es «un capricho». En todo caso, ha precisado que la obligación de la Diputación es «velar por el bien común, no mirar solamente los intereses de una de las partes».

La Diputación vizcaína anunció este pasado lunes que plantea incorporar, de manera gradual, un sistema de pago por uso de las carreteras que incentive que los camiones de más de 3,5 toneladas utilicen las vías de alta capacidad. Para ello, se aplicará un canon a estos vehículos mediante la colocación de una treintena de arcos de control en la N-240, BI-625, N-636, A-8 y Txorierri. El sistema podría comenzar a funcionar «al menos parcialmente» a partir del otoño de 2022.

Pradales ha defendido la implantación de esta medida para hacer frente al «desequilibrio importante» que se da en la red de carreteras, sobre todo por parte del transporte de mercancías que «muchas veces, por evitar el pago de un peaje» en autopistas, circula por «carreteras comarcales y secundarias» y genera «problemáticas adicionales» en entornos urbanos y naturales.

Por ello, ha insistido, «hay que intentar reordenar y reequilibrar». Según ha explicado, en Bizkaia, cerca de 80.000 camiones de grandes dimensiones, de más de 3,5 tn, transitan todos los días y el objetivo de la Diputación es que unos 4.000 vehículos que «van por donde no deberían ir» cada día circulen por las autopistas, que es «por donde deberían ir».

El diputado ha admitido que es «un tema complejo» y «obviamente no es sencillo a veces que el sector entienda que queremos llevar a cabo este tipo de medidas» que entienden como «un sobrecoste».

Según ha indicado, su Departamento lleva «hablando de manera informal» con el sector de Transporte de mercancías desde las últimas semanas y va a abrir una mesa de diálogo. Pradales ha destacado que es un sector «muy importante para cualquier economía» y la Diputación no pretende «hacer esto en contra de nadie», sino que le gustaría «buscar un punto de acuerdo con el sector».

En esta línea, ha insistido en que la Diputación está «abierta a dialogar, a buscar cómo acompañar y ayudar al sector en muchos de los retos que tiene hoy planteados y que no son fundamentalmente los de un peaje», sino hacer frente a «la competencia desleal de otros países» y a plataformas digitales donde «subastan los portes y se tiran los precios», afrontar el «envejecimiento» de la flota porque los camiones menos contaminantes «se priman» en los contratos, o la profesionalización del sector.

EL BIEN COMÚN

En todo caso, ha precisado que los transportistas deben entender que la obligación de la institución foral es «velar por el bien común, no mirar solamente los intereses de una de las partes, sino del conjunto de la sociedad». «Y no podemos permitirnos los desequilibrios que tenemos en estos momentos porque va en contra del bien común», ha remarcado.

En este sentido, ha admitido que hay que «hacer pedagogía» porque no se trata de establecer un canon «por capricho», sino que «todos tenemos que dar pasos decididos» para el desarrollo sostenible y el transporte, «generador del 25% de todas las emisiones de CO2 en el mundo», tiene que ser «parte de la solución».

«Tenemos que intentar incorporar al diálogo y al acuerdo a todas las partes», ha señalado Pradales, que ha reiterado que, en todo caso, hay que «mirar la foto conjunta de los elementos que están en juego».

El diputado ha señalado que, tras la presentación en las Juntas Generales de la propuesta, hay que dar todavía «muchos pasos» para implantar el nuevo sistema, por lo que no se está «en el momento de establecer una cuantía» para ese canon.

Según ha explicado, se necesita lograr «la luz verde» de la Comisión Europea y aprobar la correspondiente norma en las Juntas Generales, lo que llevará «unos seis meses». En este tiempo, ha añadido, hay «la oportunidad de dialogar con todos los agentes implicados y ver diferentes puntos de vista».

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