Entrevista a Unicef sobre la renta básica

Unicef y Cáritas Bizkaia analizan la implementación de esta medida contra la pobreza

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Desligar los proyectos vitales de los empleos: análisis de la renta básica

Jornada de reflexión / Twitter Cáritas Bizkaia

La semana pasada se ha debatido en Bilbao sobre la renta básica. Ha tenido lugar un encuentro para periodistas con motivo de la celebración de la jornada ‘Rentas básicas y nueva fiscalidad para no dejar a nadie atrás’. Durante el encuentro de Cáritas Bizkaia y Unicef se pretendió compartir reflexiones sobre la necesidad de una renta básica. También la apuesta por una nueva fiscalidad.

Han planteado distintos escenarios para una deducción fiscal reembolsable, así como dar a conocer diferentes formas de trabajar en este reto. Fue un análisis desde la perspectiva del gasto y la fiscalidad.

Denegado en el Parlamento Vasco

Este debate gana potencia en las calles cuando en el Parlamento Vasco se ha rechazado la toma en consideración de la ILP para la creación de una Renta Básica Incondicional.

La tramitación de esta ILP planteaba la creación de una prestación de 900 euros mensuales para todos los ciudadanos sin ningún condicionamiento. Solo ha sido apoyada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, por lo que no ha salido adelante. Recibió el voto en contra de PNV, PSE-EE, PP+Cs y Grupo Mixto-Vox.

La ILP fue defendida ante el pleno del Parlamento por Itziar Guerendiain, una de sus promotoras. Contaba con el apoyo de 22.075 ciudadanos. Sin embargo, el rechazo de la Cámara a su toma en consideración cierra la puerta a la posibilidad de que se apruebe la Renta Básica Incondicional contemplada en el texto.

Creación de una prestación económica mensual

La iniciativa planteaba la creación de una prestación económica mensual para «toda persona» residente en Euskadi. El fin era garantizar «la satisfacción de sus necesidades básicas». Todo ello, sin plantear como exigencia «una contraprestación de ningún tipo» e independientemente de la participación del beneficiario en el mercado de trabajo.

La RGI sería, asimismo, «compatible con cualquier salario o prestación contributiva», tendría un carácter «universal», y no estaría condicionada a los ingresos económicos. A su vez, se planteaba que la RBI tuviera un carácter «irrenunciable, inalienable, imprescriptible e inembargable», de forma que «toda cesión que se hiciera de ella sería nula».

900 euros mensuales

La ILP establecía la cuantía mínima de la prestación en 900 euros mensuales para una persona adulta o una menor de 18 años emancipada. En el caso de los menores de 14 años, el mínimo sería 270 euros; y para las personas no emancipadas de más de 13 años pero menos de 18, se establecía un mínimo de 450 euros. Como requisito para acceder a la renta se planteaba demostrar tres meses de residencia en Euskadi efectiva e inmediatamente anterior a la solicitud.

Guerendiain ha recordado que el último informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi señala que una de cada seis personas del País Vasco vive en una situación de exclusión social. También que las diferencias entre los que más y menos dinero ganan han aumentado un 18% en los últimos años.

En este contexto, ha afirmado que «ya es hora» de adoptar medidas «para garantizar una vida digna, más allá de la ocupación de la ocupación o no de un puesto de trabajo».

Guerendiain ha lamentado, en referencia al criterio desfavorable emitido en su día por el Gobierno Vasco a la tramitación de la ILP, que el Ejecutivo haya «evitado entrar en el debate». Lo han hecho con el argumento que el sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vigente en Euskadi es «un modelo de éxito» en materia de protección social.

«DESPRECIO» DEL GOBIERNO

La portavoz de la plataforma impulsora de la ILP ha acusado al Gobierno de «despreciar» el sistema de participación ciudadana a través de este tipo de iniciativas legislativas. Además, ha reprochado al Ejecutivo su «cinismo» a la hora de calificar el sistema de RGI como un modelo de éxito. Y es que la encuesta sobre pobreza en Euskadi elaborada el año pasado señalaba que el 30% de la población en riesgo de pobreza no logra acceder a esa prestación porque los requisitos fijados «lo hacen imposible».


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