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Urge terminar con la instrumentalización de las personas refugiadas y migrantes que son utilizadas como herramienta de presión política» Patricia Bárcena, CEAR EUSKADI

21 junio 2021 EgunOn Bizkaia


Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi,  ha indicado que en 2020 y tomando como fuente los datos del ministerio de Interior, ha habido en la Comunidad Autónoma Vasca 3.085 solicitantes de protección internacional, lo que supone una caída con respecto al año anterior de un 36%, cuando llegaron a 4.826.

En 2020, la llegada a Europa de personas en situación irregular ha sido «la más baja en los últimos años» y se redujo un 23% con respecto a 2019, con la salvedad de Canarias y el 42% de las llegadas irregulares se produjo en España, el 34% en Italia y el 15% en Grecia.

La disminución de peticiones se debe a los efectos de la pandemia como son los confinamientos obligatorios y el cierre de fronteras internacionales, además del «endurecimiento de los controles fronterizos» y los acuerdos con terceros países de origen y tránsito, según ha indicado.

En ese sentido, la organización ha pedido que la pandemia mundial no se convierta «en un motivo más para justificar la militarización de fronteras» y ha recordado que es «urgente» terminar con las políticas de fronteras que dejan a muchas personas varadas en países tanto de origen como de tránsito, donde sus derechos humanos «no son respetados».

Bárcena ha asegurado a este respecto que urge terminar con la «instrumentalización de las personas refugiadas y migrantes que son utilizadas como herramienta de presión política», como se ha visto recientemente en Ceuta, al tiempo que «es imprescindible implementar nuevas medidas de regularización extraordinaria que permita a las
personas migrantes y solicitantes de asilo denegadas acceder a un estatus legal regular» y que los refugiados puedan llegar al Estado y a Euskadi a través de vías «legales y seguras» y que se dejen de practicar las devoluciones ilegales en las fronteras».

En este sentido, ha indicado que las personas a las que se les deniega el asilo, quedan en una situación administrativa irregular de forma automática, y si en ese momento están trabajando, pierden de inmediato su empleo, así como también la prestación por desempleo que les corresponda.

Por ello, la organización ha solicitado también a todas las instituciones vascas que «sean coherentes» en sus políticas y que «garanticen los derechos de todas las personas que viven en Euskadi, independientemente de su origen y su situación administrativa». Pide igualmente al Gobierno Vasco que solicite al Estado español un «papel determinante a la hora de resolver las autorizaciones de trabajo de las personas extranjeras una vez que pierden su empleo».

PERSONAS SIN PROTECCIÓN

Bárcena ha reivindicado igualmente una «política de asilo que no deje al 95% de las personas sin ningún tipo de protección internacional» y ha solicitado a los portavoces políticos que se involucren «de manera firme» en generar la «convivencia, la paz social y la empatía y que se neutralicen de manera definitiva los discursos de odio».

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