Después de que se haya dado a conocer el resultado del informe encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que ha determinado la relación entre los seísmos ocurridos en la zona y el almacenamiento de gas Castor, la organización ecologista Greenpeace ha reclamado protocolos para evitar despropósitos como este con un alto riesgo medioambiental y económico.
Según estimaciones de la ONG, el coste del almacén submarino de gas, situado frente a las costas de Castellón, es uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias.
