Desde hace más de 30 años se viene aplicando una política penitenciaria de excepción a los presos vascos. Esta práctica, basada en leyes creadas ad hoc en contra de este colectivo, una lectura restrictiva del reglamento ordinario y una actitud beligerante y punitiva, ha supuesto la dispersión en múltiples cárceles, el alejamiento del País Vasco y el castigo recurrente en celdas de aislamiento. Además, se les ha obligado a repetir de nuevo las penas que ya habían cumplido en el Estado francés, se les ha alargado la posibilidad de condena hasta los 40 años de prisión y no se han cumplido los protocolos ordinarios ni con los presos enfermos ni con los mayores de 60 ó 70 años. Asimismo se ha obstaculizado la progresión de grados que les habría permitido salir en libertad condicional o acortar el tiempo de condena con diferentes redenciones. En los últimos meses, el Gobierno español e Instituciones Penitenciarias han dado pasos tímidos pero significativos en la desactivación de dicha política. Ayer mismo se trasladó a diferentes cárceles «de Madrid hacia arriba» a los últimos cuatro presos vascos que mantenían retenidos en la Prisión de Puerto de Santa María, en Cádiz, a unos 1,100 kilómetros de nuestro país. El portavoz de la Red Ciudadana SARE, Joseba Azkarraga, considera que es una muy buena noticia. Al mismo tiempo anima a seguir trabajando para conseguir que todos los presos vascos puedan regresar a Euskal Herria.
