La Delegación del Gobierno en Euskadi ha requerido a los ayuntamientos de Galdakao, Orio, Oiartzun, Hernani, Amasa-Villabona y Azpeitia que, en el plazo máximo de un mes, retiren de sus webs de memoria la «equiparación» que en ellas se hace entre víctimas y miembros de ETA, al considerar que esta vulnera la ley de víctimas. Además, ha advertido de que si no se atiende a este requerimiento, la Abogacía del Estado «emprenderá las acciones pertinentes».
Dichas webs, según ha afirmado la Delegación del Gobierno en un comunicado, «homologan a los miembros de ETA con los asesinados por la banda terrorista», al afirmarse en ellas que «sufrieron vulneraciones de derechos».La Delegación ha destacado que, además, en estas páginas «se define como ‘cautiverio’ la estancia en prisión» de estos presos, pese a que dichos encarcelamientos fueron «fruto de condenas impuestas por los tribunales de un Estado democrático y de Derecho».
A su juicio, el uso de esta terminología responde a «un intento de calificar de víctimas a quienes han sido objeto de la legítima actuación de los poderes públicos contra el terrorismo».El requerimiento de la Delegación del Gobierno se produce tras estudiar y constatar, por parte del Abogado del Estado en
el País Vasco, «la existencia de esa homologación».
Erandio y Tolosa
La Delegación también ha comprobado que los ayuntamientos de Erandio y Tolosa, que cuentan con una web parecida, han dado instrucciones para desactivar dichas páginas. La «equiparación» que se hace en todos estas webs, según subraya la Delegación, «constituye una evidente vulneración del artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo».
Por ese motivo, ha pedido a los ayuntamientos que han elaborado estas páginas que, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de este requerimiento, retiren de sus webs a «las personas pertenecientes a la banda terrorista ETA, prófugos de la Justicia o condenados por delito de terrorismo en el caso de haber introducido sus nombres entre las denominadas víctimas». En caso de desatender este requerimiento, la Delegación ha avisado de que la Abogacía del Estado emprenderá «las acciones pertinentes para lograr su debido cumplimiento».
