El Parlamento Vasco ha propuesto la creación de un registro con datos de menores de edad que hayan sido víctimas de abusos sexuales y de sus victimarios, así como la actualización de los protocolos para evitar esta forma de violencia y atender a quienes la sufren.
Estas propuestas forman parte de las recomendaciones incluidas en el informe de la ponencia del Parlamento Vasco para la realización de un estudio que brinde propuestas para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales contra menores.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido aprobado este lunes, con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia, y en las próximas semanas deberá someterse a ratificación en el Pleno de la Cámara.
Silencio impuesto
El texto de la ponencia constata la «existencia» de los abusos sexuales contra la infancia y reconoce «el vacío institucional y social que ha rodeado ésta violencia». Además, subraya que «todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación».
Con el fin de combatir esta forma de violencia y mejorar la asistencia y reparación a quienes la padecen, el informe incluye una serie de recomendaciones. Entre ellas, se contempla la propuesta de crear «un registro con datos de víctimas y victimarios», en el que también se incluirían los datos de abusos «cometidos entre iguales».
Además del referido registro, los grupos de la Cámara recomiendan habilitar un registro «específico» sobre víctimas de abuso sexual en la infancia, del que se puedan extraer datos actualizados.
Simplificar los protocolos
Por otra parte, se constata la necesidad de una «actualización y evaluación» de los actuales protocolos para evitar este tipo de abusos y asistir a quienes los padecen. En este sentido, se pide que se simplifique la información aportada y que esta sea «visualmente más accesible».
A su vez, se subraya que la activación de un protocolo por parte de un profesional o equipo docente «debe ir acompañada de un apoyo explícito de la comunidad escolar a dicha persona o equipo».
El informe plantea que cada centro –tanto educativo como sanitario– pueda adecuar y trabajar su propio protocolo teniendo como base los protocolos base que se crean por parte de cada departamento. En este sentido, se precisa que el hecho de que cada centro pueda desarrollar su propio proceso de adaptación de los protocolos marcos «puede hacer que la herramienta sea mucho más conocida por parte de los y las profesionales del centro, y también por parte de la comunidad».
En todo caso, el informe advierte de que se precisa una formación «específica y adecuada a la realidad» en los centros educativos para el conocimiento del protocolo tanto del profesorado, como del personal de apoyo y las asociaciones de madres y padres.
Erradicar los abusos
Asimismo, se pone de relieve que «es importante no olvidarse de los espacios de tiempo libre, deporte y cultural», sobre los que se indica que también tienen que contar con protocolos y pautas de trabajo «que erradiquen las posibles violencias y/o abusos».
El informe señala que «se debe exigir como requisito mínimo», en todos los casos en los que por dedicación profesional o
voluntaria implique contacto habitual con menores de edad, «acreditar el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales (…), así como por cualquier delito de trata de seres humanos». Además, se precisa que este proceso «debería renovarse con cierta periodicidad».
