La proposición de ley de amnistía ha naufragado en el Congreso de los Diputados por las exigencias de Junts. Junts reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo. Además, solicitaba el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado. Su inclusión habría impedido seguir adelante al juez del ‘caso Voloh‘, que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia.
Este martes, la Cámara Baja ha rechazado un texto que amnistiaba los actos determinantes de «responsabilidad penal, administrativa o contable» ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán –incluidos 9-N y 1-O–, su preparación y consecuencias, «siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023».
Un pacto insuficiente
Para Junts lo acordado con el PSOE era insuficiente porque no incluía el paquete de enmiendas parciales. Junts pretendía que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
La semana pasada, la formación presidida por Laura Borràs pactó con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo, salvo los cometidos «de forma manifiesta y con intención directa» que hayan causado «violaciones graves de Derechos Humanos», citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Fuentes cercanas a la negociación apuntaron que desde Junts mantuvieron el pulso hasta el último momento para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo porque, aunque creían que la norma salvaba a los investigados en las causas que se siguen en la Audiencia Nacional (AN) contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y ‘Tsunami Democràtic’, no se fiaban de que surgieran otros procedimientos que pudieran quedar fuera de la amnistía.