El 70% de los desahucios se sigue ejecutando en Euskadi y Navarra, pese a la moratoria, que «simplemente alarga el proceso y no ha sido aplicada» en muchos de los casos judicialmente procesados, según un estudio realizado por el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria.
El informe, elaborado por el sindicato adscrito a Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, señala que los procedimientos de desahucio empezados «siguen al alza, sin reducirse el repunte desde 2008». En comparación con 2001, se ingresan en juzgados casi 1.000 desahucios por alquiler más al año.
Además, apunta que entre 2013 y 2022, se ejecutaron 13.527 desahucios judiciales, una media de 3,7 al día (más de 3.000 hipotecarios, alrededor de 9.500 arrendaticios, y cerca de 900 por otro tipo de procedimiento).
Durante esta década, 7 de cada 10 familias desahuciadas vivían en alquiler. La principal causa de desahucio es el impago de la renta, aunque están aumentando ligeramente otras casuísticas (no renovación del contrato, subarriendo), asegura el informe.
Capitales
El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria destaca que los desahucios en Euskadi y Navarra se concentran en las capitales. Observando los datos disponibles por partidos judiciales, el mayor impacto se concentra en el de Bilbao (4.123 desahucios judiciales entre 2013 y 2022, con una tasa de 8,28 por cada 1.000 personas) mientras que San Sebastián la que tiene menos lanzamientos (897 desahucios judiciales, tasa de 2,77 por cada mil personas).
Otros partidos judiciales con tasas de desahucios significativas son Vitoria (7,2), Tudela (7,91), Pamplona (5,18), Balmaseda (5,73) e Irun (5,08). Además, el informe destaca que hay un mínimo de 1.000 desahucios atrasados por la moratoria entre 2020 y 2023.
Finalmente, el análisis alerta de que «se están extendiendo los desahucios extrajudiciales (los ejecutados afuera de algún procedimiento judicial, a menudo ilegales) y los desahucios invisibles (que se producen cuando el inquilino se ve obligado a abandonar la vivienda en contra de su voluntad, por ejemplo por un aumento inasumible de su coste)». Su causa principal son el «aumento incesante» de las rentas y el alza de modalidades de arrendamiento no reguladas.
