ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK han registrado este miércoles la convocatoria de huelga en los servicios públicos para el próximo 12 de marzo a la vez que han exigido una «creación y consolidación del empleo público» que sitúe la temporalidad «por debajo del 8%».
Tras registrar la huelga en la delegación del Trabajo del Gobierno Vasco en Bilbao, los representantes sindicales han desarrollado, en el exterior, una concentración de protesta. A la misma hora, se han llevado a cabo también concentraciones en el Hospital Santiago en Vitoria- Gasteiz y frente al Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa en san Sebastián.
Según han denunciado los convocantes, dos semanas después del anuncio de huelga, y pasados dos meses después de la última jornada de huelga, el Gobierno Vasco, ni Eudel, las Diputaciones Forales y la Delegación del Gobierno central «no se han puesto en contacto con los sindicatos» para conocer los motivos que les han conducido a ir a la huelga, cuando «son las instituciones responsables de las condiciones laborales de las y los empleados públicos».
En este sentido, han criticado que mientras las instituciones «obtienen recaudación récord y superávit presupuestario», la temporalidad «toca su techo histórico con un 44%» y la pérdida de poder adquisitivo «supera el 8% en los dos últimos años», estas «no muestran ninguna voluntad de apostar por los servicios públicos y las personas que los posibilitan».
Por ello, han advertido de que «para cambiar esta situación y continuar con la preparación de la huelga», los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK -que representan al 80% de los trabajadores del sector- han llamado a los trabajadores del sector público de la Comunidad Autónoma Vasca a concentrarse el próximo 5 de marzo en los centros de trabajo bajo el lema «Zerbitzu publikoak indartzeko, soldata eta enplegua hemen adostu». Además, pedirán a las instituciones «que apuesten en su ámbito por los servicios públicos y por el personal que lo posibilita».
Las centrales sindicales exigen «no aceptar límites del Estado, sin imposiciones ni vetos de Madrid», un 10% de incremento salarial y compromiso de recuperación de la deuda anterior, «cerrar la puerta a la privatización y acordar planes de publificación», así como la «creación y consolidación del empleo público, situando la temporalidad por debajo del 8%».
Otras demandas son «aliviar las cargas de trabajo garantizando la salud de las plantillas, consensuar políticas feministas, con planes reales y eficaces de igualdad, euskaldunizar a las administraciones y al personal y situar la reducción de jornada en la dirección de la semana laboral de 32 horas».
