La Diputación foral de Bizkaia presentará en el segundo semestre de 2025 el nuevo plan para fomentar la participación y la calidad de vida de las personas con discapacidad, que sustituirá al actual elaborado para el periodo 2021-2023, según ha informado la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi.
En las Juntas Generales de Bizkaia, en una comparecencia en la Comisión de Acción Social, a petición de EH Bildu, la diputada ha explicado que los cinco ejes de actuación del plan actual «siguen estando vigentes».
Así, se ha referido a actuaciones dirigidas a «promover las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad alcancen su máxima autonomía, promover la efectiva accesibilidad universal, promover la igualdad de oportunidades y el trato no discriminatorio, impulsar condiciones suficientes y adecuadas para garantizar la universalidad y el acceso equitativo a las prestaciones y servicios forales, avanzar en la implantación del modelo de participación y de calidad de vida en la comunidad, e impulsar la colaboración de las entidades sociales».
En función de los datos del Departamento de Acción Social, en Bizkaia más de 90.000 personas tenían reconocido en septiembre de 2020 algún grado de discapacidad. De ellas, 66.853 personas tienen una discapacidad igual o superior al 33%, lo que supone un 5,8% de la población total del territorio.
Teniendo en cuenta estas cifras, EH Bildu había preguntado a la Diputación por la elaboración del nuevo Plan, que, según ha indicado Antxustegi, contará «con la participación del tercer sector y de los colectivos de personas con discapacidad».
Por otro lado, la Comisión también ha abordado una iniciativa de EH Bildu relativa al acuerdo alcanzado en febrero de 2020 en las Juntas Generales sobre el llamado Síndrome de Alienación Parental en el que se instaba a analizar el efecto que el ítem de la herramienta Balora denominado ‘instrumentalización en el conflicto entre progenitores’ había podido tener en las situaciones de desprotección identificadas por el Servicio foral de Infancia.
Valoración del informe
La coalición soberanista ha pedido a la Diputación una valoración de este informe para el que, según ha explicado la diputada, se ha tenido en cuenta el contenido de 2.800 expedientes abiertos desde distintas instancias entre 2015 y 2021.
Del informe se extrae la «dificultad» de realizar una «sistematización» de los casos debido a su diferente tipología y los resultados son «muy cuantitativos, no disponiendo de un marco general de interpretación», ha señalado. Asimismo, ha precisado que solo el 2,88% son expedientes que han pasado por la gestión directa del Servicio de Infancia y los que únicamente presentan el ítem de instrumentalización son el 0,2%.
Tras el análisis de los datos se ha llegado a la conclusión de que es importante para el futuro «digitalizar» toda esta información. Antxustegi valorado el «arduo» trabajo que supone extraer datos de cada caso, «uno a uno», teniendo en cuenta que «no hay dos casos iguales».
Por su parte, la juntera de EH Bildu Bea Ilardia, que ha criticado a la diputada que se le había pedido «una valoración y no un estudio estadístico», ha señalado que lo que resulta «más grave» es que se determina que el 38,7% de las madres no mostraron colaboración con los Servicios de Infancia, cuando en la mayoría de casos analizados están afectadas por situaciones de violencia de género o abusos a la infancia.
Asimismo, la diputada de Acción Social ha entregado en la Comisión la evaluación de las unidades convivenciales. EH Bildu ha criticado que la Diputación difunda el informe «precisamente hoy», en respuesta a una pregunta oral que incluye un «escaso» margen temporal para explicar los resultados. «No tiene sentido», ha dicho la apoderada Izaskun Duque.
A la espera de la conferencia sectorial
En otro orden de cosas, en varias cuestiones planteadas por PP se ha preguntado por la situación en el territorio de los menores inmigrantes no acompañados. Su portavoz, Raquel González, ha custionado al Gobierno foral por el reparto de los menores que llegaron en distintas oleadas a Canarias, «que no conocemos», y por la elaboración de los protocolos de actuación en el centro de acogida de menores de Sopuerta.
Antxustegi ha señalado que el Gobierno foral «está a la espera» de que la Conferencia Sectorial que trabaja este asunto a nivel estatal apruebe el reparto de los menores llegados a Canarias en un convenio, en base a diferentes criterios como población, renta, tasa de paro, esfuerzo en servicios de atención de cada Comunidad y dispersión poblacional. El último reparto aprobado estimó que el País Vasco debía amparar a 18 menores, de los cuales siete se incluirían en la red asistencial de Bizkaia.
La diputada, que ha mostrado su solidaridad con Canarias, ha pedido mayor «corresponsabilidad» para el acogimiento a otras comunidades autónomas.
Por lo que respecta al centro de Sopuerta, Antxustegi ha asegurado que desde el 24 de mayo no se ha producido «ningún incidente, ni problema convivencial».
La diputada ha insistido en que existe un protocolo «específico» para los menores que ocupan el centro, que están atendidos «por un equipo multidisciplinar», capacitado para «preparar la emancipación de jóvenes de entre 14 y 18 años». En esta línea, ha hecho un balance «positivo» de este recurso y ha mostrado su «satisfacción por la evolución de los menores». Según ha indicado, gracias a los servicios forales, «cientos de menores» son hoy «ejemplo de éxito» al aportar riqueza a la sociedad.
Por su parte, la portavoz del PP ha criticado la «actuación caótica» de la Diputación desde que se abrió este recurso en el municipio de Enkarterri y, en relación al protocolo, ha acusado al departamento de Acción Social de «no decir la verdad, ni a los vecinos ni a esta casa».
