El Ararteko ha recomendado al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que desarrolle «una actuación administrativa que garantice la debida seguridad jurídica» en el procedimiento de adjudicación directa de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento.
Asimismo, ha solicitado a los servicios sociales municipales que resuelvan «expresamente y de manera motivada» las solicitudes formuladas por la ciudadanía. El Ararteko, a través de esta misma recomendación, solicita una armonización de los informes elaborados por los servicios sociales de base, según ha informado el Defensor del Pueblo vasco en un comunicado.
Esta institución ha recordado que en Euskadi hay 94.748 solicitantes de vivienda protegida, de los cuales 72.564 se encuentran inscritos en régimen de arrendamiento. Además, el último informe elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco fija la vivienda como uno de los tres problemas más importantes de Euskadi, solo por detrás de los problemas ligados al mercado de trabajo y la sanidad.
El Ararteko ha señalado que «la falta de un parque público de vivienda suficiente afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad social y económica».
