Álvaro García Ortiz se enfrentará este jueves a numerosas peticiones de dimisión por parte de una cúpula fiscal tensionada, aunque no se votará sobre su continuidad, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de imputar, por primera vez, a un fiscal general del Estado, en relación con la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Una sala de cinco magistrados, con Susana Polo como ponente y Manuel Marchena como presidente, ha acordado por unanimidad abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, el que le achaca Alberto González Amador –la pareja de Díaz Ayuso– por una nota de prensa enviada el 14 de febrero por la Fiscalía de Madrid donde se revelaban ‘emails’ de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.
Seguirá en el cargo
El jefe del Ministerio Público ha respondido anunciando que seguirá en el cargo por estar convencido de que «es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía».
Al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que esta medida inédita afectará al trabajo de los fiscales, por lo que ha convocado para este jueves a las 9.30 una Junta de Fiscales de Sala y a las 16.00 Consejo Fiscal, «a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar».
En la Junta de Fiscales de Sala participarán 16 fiscales asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz; 9 de la Asociación de Fiscales (AF); y 11 no asociados. Sin embargo, en ocasiones anteriores la aritmética de bloques no ha funcionado, adoptándose decisiones transversales, con movimiento sobre todo de los no asociados.
La reunión comenzará con García Ortiz tomando la palabra para explicar su postura. Aunque la decisión adoptada este miércoles por la Sala de lo Penal del TS no le ha sorprendido –porque en los mentideros judiciales se daba por hecho–, sí es motivo de preocupación para el jefe del Ministerio Público, consciente de la imagen que proyecta la institución, de acuerdo con fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
Y, precisamente por la defensa de la institución, el fiscal general está convencido de la necesidad de permanecer en el cargo. En este sentido, las citadas fuentes destacan que la conducta ahora investigada consistió en reivindicar el papel del Ministerio Público frente a la difusión de un «bulo». No se trata de un delito de prevaricación, recalcan.
Precedentes
Asimismo, ponen el foco en el precedente que sentaría la dimisión de un fiscal general por estos motivos. Así, señalan lo «fácil» que sería remover a cualquier fiscal –por ejemplo, anticorrupción– con la mera difusión de informaciones falsas, sin que el Ministerio Público tuviera la capacidad de desmontarlas.
Por otro lado, desde la Junta de Fiscales de Sala se advierte ya de que será un encuentro «tenso», en el que varios reclamarán a García Ortiz que deje el cargo al considerar «incompatible» que sea fiscal general y esté investigado.
No obstante, se espera igualmente que García Ortiz encuentre apoyos en una Junta de Fiscales de Sala donde se sientan, entre otros, quien fuera su antecesora al frente del Ministerio Público, Dolores Delgado.
También hay fiscales que asisten expectantes al cónclave sin tener claro cuál es el propósito del mismo, ya que será un mero intercambio de opiniones. Y es que cuando todos aquellos que hayan querido tomen la palabra el encuentro concluirá sin votación alguna.
En cualquier caso, no será la primera Junta de Fiscales de Sala precedida por la polémica. Ya se vivieron choques dialécticos en las celebradas para decidir si Fiscalía debía abogar por investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo y para fijar postura respecto a la ley de amnistía.
La mayoría del Consejo Fiscal
Por la tarde, García Ortiz comunicará su decisión al Consejo Fiscal. Aquí las fuentes también auguran una reunión de alto voltaje en el órgano consultivo, integrado actualmente por 6 vocales de la AF, 2 de la UPF y uno de la APIF, más las dos vocales natas –la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite–.
Según dichas fuentes, se prevé que los vocales de la AF y el de la APIF se opongan a que García Ortiz continúe como fiscal general por varias razones. En este sentido, las fuentes consideran evidente el «daño» que hace a la institución –a la que la Constitución configura como «garante máxima de la legalidad»– que haya un imputado a los mandos. «Está claro que la depuración es la dimisión inmediata», afirman.
Y hacen hincapié en que la continuidad de García Ortiz dará lugar a un sinfín de situaciones complejas en el seno del Ministerio Fiscal, empezando por que es el superior de jerárquico del fiscal que tenga que defender la postura de la institución. Sánchez-Conde fue la encargada de contestar a la exposición razonada que ha avocado a la imputación. La ‘número dos’ defendió que no hubo delito porque era «imprescindible» desmentir un «bulo».
«No podemos echarle»
Con todo, los críticos con García Ortiz admiten que el margen de maniobra es limitado porque ni la Constitución, ni la ley, ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevén el escenario actual –«porque es inconcebible»–, por lo que asumen que el fiscal general se mantendrá firme en su decisión inicial. «No podemos echarle», aseguran.
El EOMF establece en su artículo 31.1 que el mandato del fiscal general tendrá una duración de cuatro años y que solo puede ser cesado a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno.
El capítulo del EOMF dedicado a las incompatibilidades y prohibiciones tampoco contempla que el fiscal general resulte investigado en una causa penal, pero en su artículo 62 sí establece como falta «muy grave» «la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona».
El Supremo, en el auto en el que acuerda la imputación de García Ortiz, señala que «en este momento inicial de formación de la causa», al menos indiciariamente, «sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa de González Amador, como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el fiscal de Delitos Económicos».
