El Consejo de Ministros ha aprobado el traspaso a Euskadi de los trámites vinculados a las autorizaciones laborales para personas extranjeras, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Esta transferencia responde a uno de los compromisos adquiridos en el pacto de investidura con el Grupo Vasco (PNV).
El traspaso incluye la gestión de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena, empleos de temporada, contratación en origen y los informes necesarios para obtener el arraigo sociolaboral.
Cuatro nuevos puestos vacantes en Lanbide
El Real Decreto aprobado contempla también la transferencia de cuatro plazas vacantes de personal funcionario: dos en Bizkaia, una en Álava y otra en Gipuzkoa. Como compensación económica, el Gobierno vasco incrementará en 129.629,14 euros el Cupo, además de recibir 51.294,72 euros como cuantía única.
Qué competencias se mantienen en manos del Estado
Pese a este avance, el Gobierno central mantendrá competencias clave como:
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La legislación sobre autorizaciones de trabajo.
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La gestión de autorizaciones de residencia y trabajo no incluidas en el traspaso.
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La negociación internacional y representación exterior.
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El diseño de formatos y estándares comunes de los trámites electrónicos.
Refuerzo en la Inspección de Trabajo
El Consejo de Ministros ha aprobado, además, una ampliación de funciones en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, también con efectos desde el 1 de julio de 2025. Esta medida permitirá al Gobierno Vasco supervisar el cumplimiento de la normativa laboral en las nuevas autorizaciones de trabajo. El coste anual para el Estado asociado a esta medida es de 659.000,37 euros.
El PNV destaca el cumplimiento del pacto de investidura
La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, ha destacado que este nuevo traspaso refleja “el trabajo por defender los intereses de Euskadi y su ciudadanía”, subrayando que “poco a poco se van cumpliendo los hitos del acuerdo de investidura”.
El PNV estudiará el decreto para víctimas del amianto
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado el reglamento para el procedimiento de compensación a víctimas del amianto. El PNV ha señalado que analizará los detalles para comprobar si las indemnizaciones previstas responden adecuadamente a las necesidades de las personas afectadas.
Esta medida tiene su origen en una propuesta del Parlamento Vasco que llevó al Congreso la actual miembro del EBB, Maitane Ipiñazar, en 2022.
