Gobierno Vasco exige a Airbnb que retire 700 anuncios turísticos sin registrar

Advertencia al gigante del alquiler vacacional
Gobierno Vasco exige a Airbnb que retire 700 anuncios turísticos sin registrar
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El Gobierno Vasco ha remitido un requerimiento a Airbnb para que elimine de su plataforma 700 anuncios de viviendas turísticas sin número de registro, bajo advertencia de sanción. Así lo ha anunciado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, durante el pleno de control en el Parlamento Vasco.

«Si no los retiran, aplicaremos sanciones basadas en la normativa de consumo. Vamos a seguir usando todas las herramientas posibles para combatir el fraude», ha afirmado el consejero.

Vigilancia reforzada con el nuevo Registro Único

Esta iniciativa se enmarca en el cumplimiento del nuevo Real Decreto 1312/2024, que establece el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, gestionada a través del Colegio de Registradores, como medida de control de los alquileres turísticos a nivel estatal.

Hurtado ha explicado que cualquier vivienda turística que quiera anunciarse en plataformas online deberá estar inscrita tanto en el nuevo registro estatal como en el ya existente REATE (Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi), regulado por la Ley de Turismo vasca.

Sanciones para quienes no actualicen sus datos

El Departamento ha enviado comunicaciones a todos los titulares de viviendas y habitaciones turísticas, recordándoles que si no actualizan su número de registro en plataformas digitales, podrían ser sancionados o incluso cesar su actividad.

Presión sobre las plataformas digitales

Hurtado ha insistido en que el Gobierno Vasco mantiene negociaciones con diferentes plataformas para retirar anuncios ilegales. «Algunas colaboran, otras no. Hasta ahora no podíamos sancionar directamente por limitaciones jurídicas, pero eso cambiará con el nuevo reglamento europeo», ha advertido.

Turismo sostenible y sin competencia desleal

Finalmente, el consejero ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con un modelo de turismo sostenible, ordenado y libre de competencia desleal, basado en la cooperación interinstitucional: «Trabajamos con ayuntamientos, diputaciones y ministerios para proteger los derechos de las personas consumidoras y garantizar unas reglas claras para todos los operadores turísticos», ha concluido.

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