El Parlamento Vasco ha aprobado el Informe de Evaluación Intermedia de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026 (EVSSL) tras aceptar una enmienda a la totalidad de PNV y PSE-EE. La Cámara ha considerado que los objetivos estratégicos de este plan son “válidos, deseables y coherentes” con las políticas de prevención laboral, rechazando así la moción de EH Bildu, que proponía revisar la estrategia por considerarla “un fracaso”.
EH Bildu y PP cuestionan la eficacia de la estrategia
La moción presentada por Pazis Garcia Ortega (EH Bildu) instaba al Gobierno Vasco a revisar su política de prevención laboral y a adoptar medidas ante los problemas detectados en el informe de evaluación. Sin embargo, fue rechazada por 47 votos en contra y 26 a favor.
Garcia Ortega denunció que “el control público no está funcionando” y pidió “una reflexión colectiva y profunda” sobre las políticas de seguridad laboral. En la misma línea, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, solicitó la retirada de la estrategia al considerar que “nació mal y se implementó mal”, subrayando que los resultados del informe son “pobres” y que “el Gobierno Vasco confunde fines y medios”.
PNV y PSE-EE defienden la autocrítica y el compromiso de mejora
Los parlamentarios Markel Aranburu (PNV) y Ekain Rico (PSE-EE) defendieron la utilidad del informe, elaborado por iniciativa del Departamento de Trabajo y Empleo, como “una herramienta crítica para ajustar lo necesario”.
Rico destacó que el documento “ha sido trabajado con los representantes sociales del Consejo de Osalan” y rechazó las críticas “destructivas”. Aranburu, por su parte, insistió en que “no se puede decir que toda la estrategia es un fracaso” cuando lo que corresponde es “mejorar aspectos concretos con visión quirúrgica y constructiva”.
Refuerzo de Osalan y petición de nuevas transferencias
La enmienda aprobada insta al Gobierno Vasco y a Osalan a continuar contando con las aportaciones del Consejo General de Osalan, reforzar los recursos humanos en prevención, aplicar la perspectiva de género y avanzar en la reducción de la siniestralidad laboral.
Además, el Parlamento se ha ratificado en su acuerdo de 2022 para solicitar la transferencia completa de la Inspección de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una ratio de un inspector por cada 11.000 trabajadores, y se ha mostrado a favor de la transferencia del personal del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con sede en Barakaldo.
