Seguridad para propietarios que alquilen a precio regulado
El Gobierno Vasco ha puesto en marcha Aloka+, un nuevo programa que ofrece un seguro público gratuito de impago y desperfectos a los propietarios que alquilen sus viviendas dentro del rango de precios marcado por los índices oficiales en zonas tensionadas.
El anuncio lo ha realizado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una entrevista en Radio Euskadi, antes de participar en el congreso internacional House Action, celebrado en San Sebastián.
“Queremos aportar seguridad a quienes aún dudan si poner o no su piso en alquiler”, ha explicado Itxaso. El objetivo es que el programa ayude a moderar los precios y facilite una mayor oferta de viviendas en régimen de alquiler libre dentro de los límites establecidos.
Llamamiento a movilizar vivienda vacía
Itxaso ha destacado que este programa se enmarca en una estrategia más amplia para frenar la escalada del precio del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho básico. En esa línea, ha valorado positivamente las propuestas del Foro Zedarriak, que plantean movilizar 10.000 viviendas en cinco años, a través de medidas como el fomento del alquiler, la rehabilitación energética y la puesta en uso de inmuebles vacíos.
Entre las ideas analizadas se encuentra también la creación de un fondo de capital riesgo con usufructo vitalicio, pensado para que las personas mayores puedan convertir su patrimonio inmobiliario en liquidez sin tener que abandonar su hogar.
Más viviendas sin construir más suelo
En su intervención, Itxaso ha subrayado que en Euskadi, con una población de 2,2 millones de personas y un millón de viviendas, es necesario incorporar unas 100.000 viviendas más, aunque no todas tengan que ser de nueva construcción.
Por ello, el departamento de Vivienda estudia fórmulas como la redensificación urbana, la segregación de viviendas grandes, la transformación de bajos comerciales en viviendas, y la creación de apartamentos intergeneracionales. También se plantea ampliar el parque de alojamientos dotacionales, pasando de los actuales 1.000 a unos 3.000, mediante intervenciones sobre edificios públicos de vivienda protegida.
