La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Expectación en Mazarredo 47
Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Además, varios medios de comunicación permanecen apostados frente a la sede de otra empresa vinculada a Leire Díez, Cistec Technology, en Alameda Mazarredo 47 en Bilbao. Tal y como explica el periódico El País, es una empresa vasco navarra de la que la exmilitante socialista fue consejera entre 2021 y 2023. Coincidiendo parcialmente en el tiempo con este puesto, la exmilitante socialista ocupó también un cargo público, directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022 y 2024). Cistec pasó a pertenecer en un 25% a la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), de la SEPI. Tras esta entrada de capital público, la compañía recibió muchas subvenciones y contratos de dinero público.
Al parecer, en los registros de esta mañana, no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Con todo, han precisado que ayer miércoles se realizó una tercera detención en Vizcaya, que se suma a la de Díez y Fernández.
72 horas de detención
Cabe recordar que los detenidos pueden pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, por lo que deberán comparecer ante la Audiencia Nacional entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, decida si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.
Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción que permanece bajo secreto de sumario.
