La Administración General de Euskadi abonará en la primera nómina de 2026 los atrasos derivados del incremento retributivo del 2,5 por ciento correspondiente a 2025, aprobado por el Estado. La medida tendrá un impacto presupuestario estimado de 150 millones de euros y beneficiará a unas 90.000 personas empleadas públicas.
El Departamento de Hacienda y Finanzas ha informado de que este pago se ajusta al decreto ley aprobado el pasado 11 de diciembre, que fija una subida salarial acumulada del 11 por ciento para el personal laboral y funcionario entre los años 2025 y 2028.
Recepción de las tablas salariales
El Gobierno vasco ha precisado que, aunque los atrasos se abonarán en enero, la consolidación definitiva del incremento en las tablas salariales y su aplicación plena a partir de 2026 dependerán de la recepción formal de las tablas actualizadas por parte del Ministerio de Función Pública, un trámite necesario para integrar la subida de manera permanente.
Pese a ello, el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado los trabajos técnicos y administrativos internos para agilizar el procedimiento, con el objetivo de que la actualización retributiva sea efectiva y se refleje con normalidad en las nóminas desde el inicio del nuevo ejercicio.
Un marco retributivo plurianual
Hacienda y Finanzas ha recordado que la subida del 2,5 por ciento para 2025 forma parte de un acuerdo retributivo plurianual a nivel estatal. Este marco contempla incrementos adicionales del 2 por ciento en 2026, con un 1,5 por ciento fijo y un 0,5 por ciento variable ligado al IPC, del 4,5 por ciento en 2027 y del 2 por ciento en 2028, hasta alcanzar una subida acumulada del 11 por ciento. No obstante, lo aprobado el 11 de diciembre solo afecta a los ejercicios 2025 y 2026.
El Gobierno vasco ha señalado que, ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, los incrementos previstos para 2027 y 2028 deberán aprobarse de forma independiente cada año mediante real decreto.
Recuperación del poder adquisitivo
Según el Ejecutivo, esta hoja de ruta tiene como objetivo compensar parcialmente la erosión salarial acumulada en ejercicios anteriores y contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del personal del sector público.
