El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha expresado una condena rotunda ante las amenazas de muerte denunciadas por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. En una reciente intervención en Radio Euskadi, el responsable de Seguridad ha mostrado su deseo de que el autor de estos hechos «pague por este delito».
Cronología de la investigación policial
Según ha detallado Zupiria, el Departamento de Seguridad tuvo conocimiento de los hechos el pasado mes de diciembre, momento en el que se recibió la denuncia formal sobre las amenazas de muerte a través de correo electrónico. Desde ese instante, el consejero ha subrayado que ha existido un «contacto permanente y una relación constante» entre Arnaldo Otegi, EH Bildu y la Ertzaintza. La policía autonómica ha desarrollado desde finales de año las tareas de investigación que le corresponden en su función de policía judicial, tratando de rastrear el origen de los mensajes.
Firmeza ante el delito
El consejero ha sido tajante al calificar la gravedad de lo sucedido, recordando que «amenazar de muerte a una persona es un delito». En este sentido, ha confiado en que la labor conjunta de la Justicia y la Ertzaintza sea capaz de determinar la identidad del responsable, ya sea el origen de los mensajes conocido o anónimo. Zupiria ha insistido en que espera que la persona que ha realizado estas amenazas responda ante los tribunales y confía que «con ayuda de la Ertzaintza, pueda aclarar definitivamente esta cuestión».
Preocupación por el aumento de amenazas a políticos
Más allá del caso concreto de Otegi, el responsable de Seguridad ha aprovechado para realizar una reflexión sobre el clima de convivencia actual. Ha lamentado que este tipo de episodios se están produciendo «en más ocasiones de las que deberían», señalando una tendencia preocupante hacia representantes políticos y partidos.
Zupiria ha enumerado las distintas formas en las que se manifiesta esta violencia o coacción, mencionando desde pintadas en paredes hasta mensajes anónimos o comunicaciones donde el origen es identificable. Según el consejero, es una realidad que se repite «de vez en cuando» y que supone un ataque directo a la actividad política normalizada.
