El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, han presentado, esta mañana en el Parque Tecnológico de Miñano, ante representantes de instituciones, patronales, agentes económicos y responsables de la industria y de diversos sectores de Euskadi, la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible.
Jauregi ha puesto sobre la mesa «la necesidad de reducir los plazos de los trámites administrativos en los proyectos prioritarios del país», recogido en el ‘Plan de Industria-Euskadi 2030‘, donde se propone la reducción de los plazos administrativos en un 30%, y ha destacado que la nueva ley superará ampliamente esta previsión, con una rebaja de entre un 30% y un 75% de los tiempos de tramitación en función del proyecto. «Con esta iniciativa vamos a lograr acelerar los trámites y acortar los procesos administrativos para que Euskadi avance más rápido. Todo ello sin alterar ningún requisito urbanístico ni medio ambiental. Lo que hacemos es simplificar los procesos».
Según ha trasladado, se van a reducir hasta en un 75% los plazos de los trámites administrativos para aprobar los proyectos estratégicos de Euskadi, vinculados con la industria y con la actividad económica sostenible. En algunos casos, el plazo de la tramitación se reducirá de dos años a seis meses y el número de procesos puede reducirse de 24 a ocho. «Reducimos la burocracia mediante la digitalización y la simplificación de los trámites administrativos y la eliminación de duplicidades. Esta simplificación de los procesos impulsará la competitividad de nuestra industria y la atracción de inversiones».
Por su parte, Barredo ha destacado que la nueva ley «supone un cambio profundo en la manera de relacionarse la Administración con el sector primario y la cadena alimentaria, porque simplifica procedimientos, elimina duplicidades y permite que agricultores, ganaderos, pescadores, industrias alimentarias y entidades locales puedan desarrollar sus proyectos con mayor agilidad y seguridad jurídica». «No se trata de reducir garantías, sino de prestar un mejor servicio público. Queremos una Administración más eficiente, que acompañe al sector y que facilite la actividad económica sostenible, manteniendo intacta la protección del medio ambiente».
SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS
El Gobierno Vasco ha señalado que el objetivo de la ley es promover la «simplificación y agilización de los procedimientos administrativos que afecten a la actividad económica» en Euskadi. La nueva norma se enfoca especialmente en los sectores de medioambiente, la energía, la alimentación y el sector primario, así como en la gestión del dominio público marítimo terrestre y portuario, respetando el reparto competencial entre las instituciones vascas.
Las actuaciones principales para la simplificación administrativa y desburocratización que promueve son la designación de los trámites medioambientales como «urgentes», con lo que los plazos estimados se reducirán a la mitad, y la reducción de las cargas administrativas adoptando el principio de «once only». También recoge la simplificación y automatización de procesos administrativos claves, incluyendo la digitalización e implementación de herramientas tecnológicas, y el fortalecimiento de seguridad jurídica mediante «marcos normativos claros y estables».
Respecto a la declaración de Proyecto de Interés Público Superior (PIPS), urbanísticamente adelantará modificaciones del planteamiento municipal, por lo que los ayuntamientos deberán adaptar planeamiento en consecuencia. Además, integrará las licencias de obras y se realizará una consulta previa al ayuntamiento correspondiente, con plazo de respuesta de un mes.
INTERÉS PÚBLICO SUPERIOR
Para que un proyecto acceda a este proceso de simplificación administrativa, la nueva ley crea la figura del ‘Proyecto de Interés Público Superior‘ que enmarca a proyectos transformadores del ‘Plan de Industria’, actuaciones y ampliaciones de las redes eléctricas, proyectos de energías renovables, instalaciones productivas de tecnologías de cero emisiones netas, proyectos de materias primas fundamentales y proyectos de infraestructuras de residuos y economía circular.
La aprobación definitiva de la declaración del Interés Público Superior de un proyecto la realizará el Consejo de Gobierno, previo proceso de consulta pública e informe de la Comisión de la Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). La declaración de un proyecto como de Interés Público Superior, integra las aprobaciones urbanísticas y medioambientales, con el objetivo de agilizar los plazos de ejecución.
Según el Ejecutivo Autonómico, la puesta en marcha de esta nueva ley supondrá que Euskadi va a disponer para los proyectos de interés público de la normativa «más completa y ágil» entre las comunidades autónomas del Estado, adaptada a las nuevas directices europeas y garantistas con el medio ambiente. Además, la ley contempla la reducción de trámites administrativos, modificando diferentes leyes en vigor e incorporando nuevos artículos con una finalidad «decididamente simplificadora», coincidiendo, en relación con una parte de la norma, con las nuevas competencias que ejerce esta Comunidad Autónoma como consecuencia de la transferencia de la gestión del litoral en abril del año pasado.
Todo ello permitirá «agilizar las autorizaciones de las actividades en el litoral, sincronizar y armonizar las inspecciones que reciben las empresas del sector alimentario, reduciéndolas, y ordenar e impulsar las actividades en el medio rural».
ESTRATEGIA EUROPEA
La nueva normativa está enmarcada en la necesidad de autonomía estratégica europea y la reindustrialización del continente. Ante la urgencia de acelerar la transformación digital, la transición energética y la autonomía estratégica europea, Euskadi quiere «liderar la simplificación y agilización de los procesos administrativos para impulsar la competitividad de la industria y de la actividad económica sostenible». El Gobierno Vasco ha señalado que los objetivos para hacer frente a esos retos hacen necesarios procesos administrativos más ágiles, «acordes con las normas ambientales comunitarias, y sin comprometer la competitividad de la industria y de los diferentes sectores».
En este sentido, ha explicado que la Comisión Europea ha establecido mecanismos administrativos y plazos máximos para obtención de las autorizaciones de proyectos de interés público, que resultan «incompatibles con el esquema normativo actual», por lo que «procede adaptar el marco legal vigente».
Los plazos máximos que establece la Comisión Europea en normativas como la ‘Net-Zero Industry Act’ (NZIA) para este tipo de proyectos son de doce meses y el Ejecutivo ha resaltado que la nueva ley «los reduce a la mitad», para que seis meses sea el plazo máximo para la aprobación de un proyecto de interés público en Euskadi.