El conflicto por la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario sigue sin desbloquearse. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado este miércoles en Madrid, ha terminado sin acuerdos después de que las comunidades autónomas hayan rechazado votar los puntos planteados por el Ministerio de Sanidad. La reunión debía servir para acercar posturas sobre las reivindicaciones de los profesionales médicos, pero ha terminado con nuevas acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y las autonomías.
El choque llega en plena tensión sanitaria, con los sindicatos médicos manteniendo una nueva semana de huelga del 15 al 19 de junio. El Ministerio de Sanidad defiende que la reforma del Estatuto Marco es necesaria para actualizar unas condiciones laborales que datan de 2003, mientras los facultativos reclaman un estatuto propio al considerar que su profesión tiene características específicas por la duración de sus jornadas, la responsabilidad asistencial y los años de formación necesarios para ejercer.
Guardias, jornada y negociación médica
Entre los puntos que estaban sobre la mesa figuraban la reducción de las guardias de 24 horas a un máximo de 17, la jornada ordinaria de 35 horas, la mejora de la retribución de la hora de guardia y la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico.
Sanidad sostiene que muchas de estas cuestiones dependen de las comunidades autónomas, al afectar a competencias como salarios, plantillas, organización de servicios y condiciones laborales. Las autonomías, en cambio, consideran que el Ministerio debe liderar un acuerdo estatal y reabrir un proceso de diálogo real con los profesionales para evitar que el conflicto siga enquistado.
Alberto Martínez: “La ministra se ha quedado sola”
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha sido uno de los dirigentes autonómicos más críticos tras la reunión. En representación de las comunidades, ha asegurado que el Ministerio ha “perdido una oportunidad” para acercar el final del conflicto y ha acusado a Mónica García de no haber sabido llegar a un acuerdo suficiente para reformar el Estatuto Marco.
Martínez ha defendido que las comunidades habían acudido al Consejo Interterritorial para proteger a los pacientes, a los profesionales y al propio Sistema Nacional de Salud. También ha afirmado que la ministra “se ha quedado sola” porque, según ha señalado, no cuenta con el apoyo de los profesionales, de los sindicatos médicos ni de las comunidades autónomas.
Mónica García acusa a las comunidades de bloquear soluciones
La ministra de Sanidad, por su parte, ha acusado a las autonomías de mirar hacia otro lado y de no asumir su parte de responsabilidad en el conflicto. Mónica García ha señalado que resulta contradictorio que los consejeros pidieran un pleno monográfico para buscar soluciones a la huelga y, una vez convocado, se negaran a debatir y votar las medidas incluidas en el orden del día.
García ha defendido que el Ministerio no va a renunciar a la reforma del Estatuto Marco porque sería, según sus palabras, “una traición a los profesionales”. También ha insistido en que la actualización de la norma es imprescindible para transformar el sistema sanitario y mejorar las condiciones laborales del personal.
Preocupación en Euskadi y Bizkaia
La falta de acuerdo tiene una lectura especialmente sensible en Euskadi. Osakidetza afronta desde hace meses una fuerte presión asistencial y los nuevos paros médicos pueden agravar el retraso en consultas, pruebas e intervenciones. Según la información publicada estos días, la espera media para una operación en Osakidetza se ha incrementado un 50% desde noviembre, hasta alcanzar los 77 días.
En Bizkaia, el conflicto se traduce en una preocupación directa para miles de pacientes que dependen de citas, revisiones, intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. Más allá del pulso político entre Sanidad y las comunidades, el impacto real se nota en los ambulatorios, hospitales y listas de espera.
El Estatuto Marco pretendía ser una herramienta para modernizar las condiciones laborales del personal sanitario, pero se ha convertido en el centro de una crisis más amplia. La falta de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la sobrecarga asistencial y el envejecimiento de la población siguen siendo los grandes retos de fondo para la sanidad pública en Euskadi y en el conjunto del Estado.