La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha finalizado este jueves el registro realizado en la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, una actuación que se ha prolongado durante más de diez horas dentro de las diligencias ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el denominado caso Leire Díez.
La intervención comenzó alrededor de las ocho de la mañana y concluyó pasadas las seis y media de la tarde. Durante la actuación, desarrollada bajo un discreto despliegue policial, los agentes recopilaron diversa documentación que abandonó las instalaciones en varias cajas.
Registro también en la planta de Amurrio
Paralelamente, efectivos de la UCO realizaron otro registro en la planta que la compañía posee en Amurrio, aunque en este caso la actuación tuvo una duración mucho más breve, de apenas media hora.
La investigación sobre las ayudas públicas
Fuentes cercanas a la investigación han señalado que las pesquisas buscan esclarecer una posible relación entre fondos procedentes de ayudas públicas y la presunta trama que investiga la Audiencia Nacional, en la que figura como principal investigado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Tubos Reunidos ya apareció vinculada a esta investigación a finales de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y considerado próximo a Cerdán.
El rescate de 112,8 millones de euros
Según la investigación judicial, los tres habrían participado en supuestas irregularidades relacionadas con contratos y expedientes gestionados por la SEPI. Los investigadores sostienen que mantenían un grupo de WhatsApp denominado «Hirurok», desde el que presuntamente coordinaban actuaciones para favorecer determinados intereses en varios procedimientos.
Entre los expedientes analizados figura el rescate concedido por la SEPI a Tubos Reunidos, cifrado en 112,8 millones de euros. El magistrado Antonio Piña apuntó en sus resoluciones a una posible intermediación de los investigados para facilitar la concesión de esa ayuda pública. Por estos trabajos, según la investigación, habrían percibido cerca de 115.000 euros mediante facturas presuntamente irregulares emitidas por la sociedad Mediaciones Martínez.