El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del TSJPV que anulaba que el Gobierno Vasco pudiera exigir a las subcontratas «las mismas condiciones lingüísticas» que al personal funcionario, según ha informado CCOO en un comunicado. La central sindical ha señalado que, de esta manera, ratifica la sentencia en la que el TSJPV anula parte de tres preceptos recogidos en los «criterios de uso de las lenguas oficiales en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi«, publicados en junio de 2023.
En concreto, según ha detallado, el primero de ellos es el que planteaba exigir a las empresas subcontratadas por las administraciones públicas prestar el servicio «en las mismas condiciones exigibles a la administración titular». A juicio del sindicato, ello supone un «grave riesgo» de despido para el personal de las contratas que no acredite un perfil lingüístico y «dificulta su subrogación en el caso de cambio de empresas».
CCOO ha recordado, además, que si dentro de la administración pública son «insuficientes» los recursos para aprender euskera de su personal interino y de empresas públicas, «lo son más aún en las empresas privadas, donde esta formación está completamente privatizada y recae totalmente sobre las trabajadoras y trabajadores». «Esto acaba abriendo la puerta a la exclusión laboral y a una cascada de despidos en las empresas a quienes no acrediten un perfil lingüístico, incluso de quienes ya trabajen en euskera pero no alcancen a acreditar el perfil exigido».
CCOO ha agregado que los otros dos preceptos están vinculados a la propia plantilla del sector público. Por un lado, anula la posibilidad de obligar al personal que acredite el perfil C1 de su puesto a recibir la formación continua en euskera; y por otro lado, la posibilidad de no traducir al castellano los documentos originalmente redactados en euskera.
El sindicato ha vuelto a recordar que, para impulsar el euskera, es «imprescindible» habilitar los recursos materiales y también tiempo suficiente para que los costes de este proceso «no recaigan sobre las trabajadoras y trabajadores, ya sea en tiempo o en dinero». También ha insistido en que, del mismo modo, no se puede trasladar el sistema de perfiles lingüísticos de las administraciones públicas a las empresas privadas, «donde afectaría en buena parte de ellas, a trabajadoras y trabajadores que han tenido aún menos posibilidades de aprender euskera».