CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda. La decisión deberá ser ratificada por los máximos órganos de dirección de ambas organizaciones sindicales.
La convocatoria llega después del rechazo el pasado viernes en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes relacionados con la vivienda. Ante esta situación, CCOO y UGT han decidido sumar las reivindicaciones laborales a las movilizaciones impulsadas por movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales.
La fecha concreta de la huelga todavía no está fijada. Los sindicatos pretenden acordarla conjuntamente con las plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas para impulsar una movilización de las personas trabajadoras «por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla».
«Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen», señalan CCOO y UGT.
Subidas salariales de entre el 4% y el 7%
La convocatoria también se enmarca en las reivindicaciones sindicales para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). CCOO y UGT plantean en este ámbito incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, acompañados de cláusulas de revisión.
En materia de vivienda, las organizaciones se remiten a su denominado «Decálogo por el derecho a la vivienda», que incluye, entre otras medidas, un pacto social, la limitación de los alquileres, la creación de un parque público de vivienda protegida y permanente y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
Los sindicatos dirigen además sus reivindicaciones tanto a las organizaciones empresariales como a las administraciones públicas. A las primeras les reclaman que desbloqueen la negociación colectiva y garanticen retribuciones suficientes para afrontar los bienes básicos, mientras que a las administraciones con competencias en vivienda les exigen la aplicación efectiva de la legislación vigente.