El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes su dimisión durante su comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La decisión llega como consecuencia directa del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), en el que fallecieron al menos 69 personas. Además de abandonar su cargo en el Ejecutivo, Puente ha confirmado su renuncia a formar parte de las listas del PSOE en futuras elecciones.
«Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», ha declarado, haciendo referencia a la reciente tragedia y a la ocurrida el pasado mes de enero en la alta velocidad de Adamuz (Córdoba). Puente ha afirmado que, al margen de si tiene o no responsabilidad directa en los siniestros, su marcha responde a «una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas». Durante la sesión, la oposición y los socios parlamentarios habituales del Gobierno —con la única excepción de EH Bildu— habían exigido su cese.
Debate sobre el modelo ferroviario y la inversión
A lo largo de su intervención, Puente ha abordado la situación del sistema ferroviario español. Aunque ha abogado por una revisión del modelo actual, ha reconocido que no es realista debido a una dinámica política «complicada» en la que «nadie quiere renunciar». En este sentido, ha señalado la presión de los distintos territorios por ejecutar soterramientos, una infraestructura que costaría 40.000 millones de euros a nivel nacional y que, según el ministro, genera constantes agravios comparativos al carecer de criterios objetivos comunes.
Paralelamente, Puente ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de mantenimiento, asegurando que bajo su mandato se han alcanzado porcentajes récord. Según sus datos, el sistema ha pasado de un 30% de ejecución presupuestaria en 2016 a un 90% diez años después. «Venimos de años de profunda desinversión, de bajísima ejecución presupuestaria y abandono total» en las épocas de Gobierno del Partido Popular, ha sostenido.
Desmentido sobre los controladores de Adif
En el tramo final de su comparecencia, el ministro saliente se ha referido al personal del centro de control de Adif para atajar lo que ha calificado de «mentiras» publicadas en algunos medios sobre una supuesta «situación dantesca» de precariedad.
Puente ha detallado que un operador M1 —el rango del trabajador en el momento del accidente de Urda— cuenta con una retribución bruta de más de 52.000 euros anuales (entre 2.500 y 3.000 euros netos), desmintiendo cifras de 1.200 euros mensuales. Asimismo, ha especificado que el operario tiene una jornada de 37 horas semanales, venía de cuatro días de descanso y se encontraba en sus primeras dos horas de turno cuando ocurrió el accidente. Puente ha concluido señalando que será la autoridad judicial la encargada de investigar las circunstancias que pudieron llevar al trabajador a tomar una decisión equivocada.