Esta mañana, varios grupos sociales se han reunido frente al Ayuntamiento de Bilbao con una pancarta clara: «Nadie sin techo. La vivienda es un derecho». El objetivo de la concentración era denunciar que vivir en la ciudad es cada vez más difícil debido a unos precios que no paran de subir. Aunque a la cita ha acudido poca gente para la importancia del tema, los colectivos han advertido que la situación es alarmante y que las instituciones no están haciendo lo suficiente para frenar el problema.
Pisos caros y más gente durmiendo en la calle
Los datos que han dado los manifestantes reflejan una realidad muy dura para los vecinos de Bilbao. Comprar un piso nuevo de tamaño normal, unos 70 metros cuadrados, cuesta ya unos 351.000 euros, lo que significa pagar más de 5.000 euros por cada metro cuadrado. El alquiler tampoco da tregua, con una media que ya supera los 947 euros al mes. Esta subida de precios ha provocado que el número de personas que viven en la calle en Bilbao se haya triplicado en solo dos años, pasando de 247 personas en 2022 a 605 en 2024.
Mucha demanda y pocas ayudas reales
Los colectivos critican que hay una gran diferencia entre lo que la gente necesita y lo que el Gobierno ofrece. Actualmente hay más de 31.000 familias de Bilbao apuntadas en Etxebide para conseguir una casa, y la gran mayoría busca un alquiler social porque no pueden pagar los precios del mercado. Denuncian que se están vendiendo pisos de protección oficial (VPO) por 320.000 euros, algo imposible de pagar para familias que ganan unos 16.000 euros al año.
La solución de las casas vacías
Otro de los puntos clave de la protesta ha sido el tema de las viviendas vacías. Según han explicado, en Bilbao hay 9.000 casas sin nadie viviendo en ellas. Los manifestantes piden que se tomen medidas serias, como subirles los impuestos al máximo o incluso expropiarlas para que la gente pueda vivir en ellas. Aseguran que con solo una parte de esas casas vacías se podría dar un hogar a todas las personas que hoy duermen en las calles de Euskadi.
Un derecho, no un negocio
Para terminar, los grupos sociales han pedido que la vivienda se deje de ver como un negocio y se empiece a tratar como un derecho básico. Exigen que se limiten los precios, que se aseguren alquileres sociales de verdad y que se abran más albergues para las familias que se quedan sin nada tras un desahucio. Su mensaje es directo: las instituciones deben intervenir ya para que nadie se quede sin un techo bajo el que vivir.
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