Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, ha valorado en EgunOn Bizkaia la última movilización organizada por la plataforma y ha defendido la necesidad de poner fin a las medidas excepcionales en materia penitenciaria. El invitado ha destacado que alrededor de 65.000 personas salieron el sábado a la calle pese a la previsión de mal tiempo y que la marcha reunió una gran pluralidad ideológica. Azkarraga ha subrayado que representantes de sindicatos, asociaciones y partidos de Galicia, Cataluña y Mallorca compartieron recorrido con participantes de sensibilidades distintas, algo que considera inusual y positivo. Sare, remarca, ha trabajado desde el inicio en clave de pluralidad y ha limitado su acción a la defensa de los derechos humanos.
Datos de la situación penitenciaria
El portavoz ha explicado que la situación ha mejorado respecto a hace pocos años. Quedan unos 120 presos, de los cuales cerca de sesenta han cumplido más de 20 años y más de veinte han superado los 25 años. En muchos casos se reúnen las condiciones para régimen abierto o tercer grado, pero su aplicación se ha retrasado. Por ello, Sare reclama a la Administración Penitenciaria Vasca y al ámbito judicial que no se pierda más tiempo.
El modelo vasco aprobado por el Parlamento Vasco
Azkarraga ha defendido el modelo penitenciario que el Parlamento Vasco aprobó en su día, un modelo humanista que apuesta por el cumplimiento en régimen abierto cuando corresponda. Ha recordado que las propuestas de progresión las emiten los equipos profesionales de los centros y que cuentan con control judicial. En los últimos meses, la Fiscalía ha interpuesto unos seis recursos contra progresiones o terceras, algo que contradice a quienes han evaluado directamente a los internos.
Además, el portavoz ha señalado avances relevantes. El Gobierno Vasco ha asumido las competencias en el Departamento de Justicia en 2021 y en 2023 se ha puesto fin a la dispersión. Aun así, persisten obstáculos en la normalización de progresión de grados y permisos.
La ley 7/2003 y la excepcionalidad
Azkarraga ha denunciado que sigue vigente la Ley 7/2003, que permite el cumplimiento íntegro de hasta 40 años y que funciona como una «cadena perpetua encubierta». Sare ha solicitado que se apliquen los mismos criterios que al resto de presos, con salidas programadas, permisos y progresiones normalizadas.
Respeto a las víctimas y convivencia
Durante la conversación, Azkarraga ha reconocido el dolor de las víctimas y ofrece respeto. La red ciudadana reitera que no pide privilegios, solo reclama la aplicación igualitaria de la normativa penitenciaria y reconoce los avances de los últimos años.
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