La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha denunciado públicamente en el programa EgunOn Bizkaia la decisión del Ayuntamiento de Barakaldo de utilizar a la Policía Municipal para realizar inspecciones y registros en los domicilios de familias que reciben prestaciones sociales. Según el colectivo, estas actuaciones buscan fiscalizar la residencia efectiva de los beneficiarios, una medida que califican de «invasión ilegal del domicilio» destinada a estigmatizar a quienes perciben ayudas públicas.
David González, portavoz de Berri-Otxoak, recuerda que el documento legal que acredita la residencia efectiva es el empadronamiento municipal. Desde la plataforma denuncian que las inspecciones llegan al extremo de revisar armarios o contar cepillos de dientes en los baños para verificar la convivencia. Estas revisiones han sido cuestionadas por el Ararteko y por diversos estamentos judiciales, dado que la Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, un derecho que solo debe quebrantarse ante un delito flagrante o una orden judicial. Según González, las inspecciones se realizan bajo coacción: si una familia rechaza la entrada de los agentes, se redacta un informe que puede conllevar la retirada de las ayudas sociales.
El colectivo contrapone la intensidad de estas inspecciones con las cifras oficiales de fraude fiscal e irregularidades. Mientras que Lanbide cifra las denuncias por cobro indebido en un 0,2%, el consistorio baracaldés pretende fiscalizar al 100% de las más de 5.000 familias perceptoras del municipio. «Nadie pone el foco en los más de 6.000 euros mensuales que cobra el equipo de gobierno municipal, pero sí se estigmatiza a familias que necesitan estas prestaciones para cubrir necesidades básicas», señala el portavoz de la plataforma.
Emergencia habitacional y posibles acciones legales
La denuncia se produce en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda en Barakaldo, municipio que registra altas tasas de desempleo y vulnerabilidad social en Euskadi. La plataforma advierte sobre el incremento de desahucios en habitaciones compartidas debido al encarecimiento del alquiler y la escasez de parque público de vivienda social. Ante esta situación, Berri-Otxoak estudia emprender acciones judiciales con un equipo de letrados para frenar las inspecciones domiciliarias, al tiempo que mantendrá las movilizaciones en la calle contra los recortes en las Ayudas de Emergencia Social (AES).
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