El anteproyecto para la tramitación de la nueva Ley de Asilo y la modificación de la Ley de Extranjería ha generado una profunda preocupación en el tercer sector. Desde CEAR Euskadi, su equipo jurídico señala que estas reformas suponen una oportunidad perdida para que el Estado español lidere una política migratoria basada en los derechos humanos y el valor del asilo en Europa. En una entrevista concedida al programa EgunOn Bizkaia, Asier Garria Uriarte, miembro del equipo jurídico de la entidad, analiza los puntos más críticos de un texto que, según advierte, adopta el enfoque más restrictivo y duro que permitía el pacto europeo.
Un viraje restrictivo y sin vías seguras
Una de las principales reclamaciones de las organizaciones sociales ha sido históricamente la creación de vías legales y seguras para solicitar asilo sin necesidad de arriesgar la vida en trayectos peligrosos como el mar. Sin embargo, el anteproyecto no avanza en esta dirección.
Según explica Garria Uriarte, la nueva norma rebaja la posibilidad de solicitar asilo en terceros países a través de las embajadas o consulados españoles, una opción contemplada en el marco europeo pero que en el texto estatal queda redactada de forma aún más ambigua y restrictiva. Asimismo, el anteproyecto refuerza el control y la posibilidad de devolución en las fronteras, alejándose de una protección efectiva.
Excepciones al derecho de asilo y mayor privación de libertad
Otro de los aspectos más alarmantes señalados por la entidad es la inclusión de cláusulas que permiten suspender o fijar excepciones al derecho de asilo en situaciones clasificadas como de crisis o fuerza mayor. Para CEAR Euskadi, esto sienta un precedente peligroso que vulnera consensos internacionales fijados por Naciones Unidas y la Unión Europea.
A esto se suma la ampliación de los plazos de detención y retención de las personas solicitantes. El texto proyecta un incremento de los tiempos máximos de internamiento (pudiendo alcanzar hasta los 120 días en Centros de Internamiento de Extranjeros para quienes pidan asilo), lo que en la práctica funciona como un mecanismo disuasorio para evitar que las personas ejerzan su derecho a solicitar protección internacional.
Endurecimiento de la reagrupación familiar
La reforma de la Ley de Extranjería también impacta directamente en el ámbito familiar. El anteproyecto establece un vínculo restrictivo entre la Ley de Asilo y la de Extranjería: si la persona refugiada no solicita la reagrupación familiar en un plazo muy breve (un año), pasa a regirse por la normativa general de extranjería, mucho más exigente y difícil de cumplir. Esta medida ignora la realidad de los procesos de migración y refugio, donde las personas necesitan tiempo para estabilizar su situación vital y económica en el país de acogida antes de traer a sus familias.
Tramitación parlamentaria y batalla legal
A pesar de que el texto aún debe pasar por la revisión en el Consejo de Ministros, desde CEAR Euskadi aseguran que mantendrán la presión y las aportaciones para revertir los puntos más lesivos. Aunque el margen de mejora es incierto dado el contexto político, la organización sostiene que seguirá luchando para garantizar una mayor protección del derecho de asilo.
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