El debate sobre el absentismo laboral ha vuelto al primer plano en Euskadi y ha generado titulares que hablan de un «gravísimo problema». En EgunOn Magazine, Iñaki Moreno, miembro de la Plataforma Navarra de Salud, ha analizado este fenómeno y ha puesto el foco en cómo se están interpretando los datos.
Durante la entrevista, Moreno ha asegurado que el concepto de absentismo se está utilizando sin una base jurídica clara y ha advertido de que esa ambigüedad permite mezclar realidades muy diferentes bajo una misma etiqueta.
Un término sin definición legal
«Legalmente no hay un concepto de absentismo», ha afirmado en antena. Según ha explicado, en muchos informes se han incluido bajas comunes, bajas profesionales, permisos de maternidad o adopción, días de huelga, horas sindicales e incluso ausencias justificadas.
En su opinión, esta forma de presentar los datos ha consolidado la idea de que faltar al trabajo es casi sinónimo de fraude. «Al final, con lo que parece que se queda todo el mundo es que faltar al trabajo es prácticamente un fraude», ha señalado.
Más crecimiento, menos miedo
Moreno ha indicado que los estudios más rigurosos han mostrado que las ausencias aumentan en fases de mayor crecimiento económico. La razón, ha explicado, es que existen más derechos laborales y menos miedo a perder el empleo.
Por el contrario, cuando la economía se contrae y se incrementan los contratos temporales, ha aparecido el fenómeno del presentismo, es decir, acudir al puesto de trabajo estando enfermo. «Lo que hay que preguntarse es por qué desciende en épocas de reducción de la actividad económica», ha planteado.
Cinco controles sobre una misma baja
Uno de los aspectos más críticos que ha abordado ha sido el sistema de control de la incapacidad temporal. Actualmente intervienen el médico o médica de atención primaria, la inspección médica del sistema público, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas y, en algunos casos, servicios médicos de empresa.
«Tenemos cuatro o cinco equipos de profesionales encima de un trabajador que está de baja», ha denunciado. Además, ha señalado que muchas solicitudes de alta promovidas por mutuas no están justificadas clínica ni administrativamente.
Ha explicado que esta situación ha generado una sensación de sospecha permanente sobre la persona trabajadora, incluso en procesos graves.
Prevención: la gran olvidada
Moreno ha defendido que el debate debería centrarse en la prevención en las empresas. Ha citado estudios realizados en Navarra que han mostrado que en empresas de menos de 100 trabajadores menos del 20% desarrolla planes de prevención adecuados y que solo un 5% aborda riesgos ergonómicos y psicosociales.
Estos riesgos están directamente relacionados con lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental, dos de las causas más habituales de baja laboral.
Según ha detallado, las mutuas pueden destinar entre el 0,3% y el 1,5% de las cotizaciones a prevención de accidentes y enfermedades profesionales, pero en la práctica han invertido el mínimo posible.
Enfermedades profesionales y costes al sistema público
El representante de la OPA también ha alertado sobre la infradeclaración de enfermedades profesionales. Ha recordado estudios que han estimado cientos de casos de origen laboral frente a cifras oficiales muy reducidas.
A su juicio, esta situación ha trasladado costes al sistema público de salud y ha alimentado un discurso que pone el foco en el trabajador en lugar de analizar las condiciones laborales y los riesgos existentes en los centros de trabajo.
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