Abogados y procuradores de Bizkaia han alzado la voz y se preparan para salir este sábado a la calle en Bilbao para denunciar que, tras décadas de trabajo, se enfrentan a pensiones «indignas» de entre 300 y 500 euros por haber cotizado de forma obligatoria en las mutualidades profesionales. Reclaman poder trasladar esas aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Una mutualidad que se ha convertido en un problema
La abogada Yvonne Corcuera, del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha explicado que durante años el colectivo se ha visto obligado a cotizar en las mutualidades profesionales porque la ley les ha mantenido al margen del sistema general de la Seguridad Social. «Nosotros nos hemos visto forzados a cotizar en unas mutualidades profesionales porque estaba así previsto», ha resumido.
En su caso, esas mutualidades han funcionado primero como una especie de «seguridad social privada» de caja común y, a partir de 2005, el sistema se transforma en una EPSV, un plan de pensiones privado, de forma automática y sin posibilidad real de salida para muchos profesionales. «Lo que aportas es lo que tienes, que es algo que en ningún caso a los trabajadores les ocurre», ha lamentado.
Años cotizados que no cuentan para la Seguridad Social
El núcleo de la queja está en que los años de cotización en la mutualidad no se han reconocido como antigüedad en la Seguridad Social. Quien ha querido dar el paso al RETA se ha encontrado con la amenaza de perder el fondo acumulado y la antigüedad.
Corcuera ha recordado que muchos profesionales han llegado tarde al régimen de autónomos: «Entrábamos con 35, con 40, con 50 años al RETA sin generar una vida laboral suficiente para tener derecho a una pensión y sin poder jubilarnos, porque no cumplíamos los años mínimos de cotización».
El resultado es que, tras décadas de ejercicio profesional, una parte muy importante del colectivo está ante pensiones de apenas 300-500 euros mensuales, una cifra muy alejada de la idea generalizada que la sociedad tiene sobre la profesión.
Menos prestaciones y más costes para el colectivo
Más allá de la cuantía de las pensiones, las condiciones de protección también han sido muy limitadas. La abogada ha subrayado que solo han tenido un año de baja laboral en toda su vida profesional, sin cobertura completa de viudedad, orfandad o incapacidades, y sin cobertura médica en la propia mutualidad hasta 2012.
Durante años, estos profesionales han tenido que pagar la mutualidad y, además, un seguro médico privado para poder tener una cobertura sanitaria normalizada. «De todo esto nos hemos enterado la gran masa de los compañeros hace un par de años», ha reconocido Corcuera, que ha insistido en el grado de desconocimiento que ha existido en el colectivo sobre las consecuencias reales de este sistema.
Una pasarela al RETA como solución
El colectivo reclama que se legisle una «pasarela» al RETA que permita reconocer las cantidades aportadas a la mutualidad como si hubieran sido cotizaciones a la Seguridad Social. «Día cotizado, euro cotizado, día reconocido, euro reconocido», ha resumido Corcuera, que defiende que todo ese dinero se transfiera a la caja de la Seguridad Social.
La propuesta pasa porque esas aportaciones se contabilicen como tiempo cotizado y que, a partir de ahí, abogadas, procuradoras y otros profesionales puedan seguir cotizando en la Seguridad Social como cualquier autónomo, en igualdad de condiciones.
«No queremos que se piense que buscamos unas paguitas», ha subrayado. La reivindicación se centra en trasladar las aportaciones realizadas durante años y reconocer el derecho de igualdad que, como trabajadores autónomos, consideran amparado por la Constitución.
Una proposición de ley y 11 enmiendas en el Congreso
Después de años de movilización, el tema ha llegado al plano político. En estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley que pretende ofrecer una solución, aunque el colectivo considera que el texto se queda corto porque se basa en una «compra de cotizaciones» que no reconoce a todas las personas afectadas.
Corcuera ha explicado que a esa proposición se han presentado 11 enmiendas, de las cuales 9 recogen íntegramente las pretensiones del colectivo, y abarcan prácticamente todo el arco parlamentario, «desde Vox hasta EH Bildu», incluyendo formaciones como Sumar, Podemos, PNV, BNG o ERC.
Muchos de los diputados que apoyan estas enmiendas han ejercido previamente la abogacía y han cotizado en las mismas mutualidades, lo que ha contribuido a que comprendan mejor el problema. Sin embargo, el colectivo señala que el Gobierno central y el Partido Popular se mantienen muy restrictivos en las soluciones que plantean.
Discriminación de género y una realidad muy alejada de las series de televisión
La situación afecta de forma especial a las mujeres. Los cálculos actuariales aplicados por las mutualidades hacen que, a igualdad de aportaciones y años, las abogadas perciban pensiones más bajas que sus compañeros, con el argumento de que las mujeres viven más años. «Tenemos prestaciones inferiores porque las mutualidades pagan menos a las mujeres», ha denunciado Corcuera.
La abogada también ha querido desmontar el tópico del «abogado de serie de televisión». Según ha descrito, hay mucho abogado mileurista y muchas personas que viven casi exclusivamente del turno de oficio, con retribuciones bajas y condiciones laborales mejorables. La mayoría del colectivo trabaja en pequeños despachos de dos o tres personas, que comparten gastos y sostienen a sus familias con ingresos ajustados.
Un problema que va más allá de la abogacía
El conflicto no afecta solo a la abogacía. Corcuera ha recordado que se encuentran en una situación similar procuradoras, arquitectos, aparejadores, médicos, notarios y otros profesionales liberales que también han cotizado en mutualidades profesionales.
En el caso concreto de las procuradoras, representadas en Bizkaia por profesionales como Idoia Gutiérrez, la transformación de sus mutualidades en EPSV se ha realizado más tarde, lo que ha supuesto pérdidas aún mayores en la llamada «caja común» y pensiones potencialmente más bajas.
La información a los nuevos colegiados, bajo la lupa
Otra pieza clave del problema está en la falta de información a los nuevos colegiados. Corcuera ha señalado que, durante años, a quienes se han colegiado recientemente solo se les ha explicado la opción de la mutualidad, sin detallar con claridad las alternativas del RETA.
Los colegios profesionales tienen la obligación de informar a sus colegiados de todas las opciones de cotización disponibles, más aún cuando gestionan la escuela de práctica jurídica. En 2005, el Congreso de la Abogacía celebrado en Tenerife ya ha emitido una recomendación para que se ofreciera esa información de forma completa a los nuevos profesionales.
En la actualidad, los nuevos colegiados ya pueden elegir entre mutualidad o RETA, pero muchas personas que han ejercido durante décadas ya no han llegado a tiempo de beneficiarse de esa posibilidad.
Convocatoria en Bilbao: sábado, 12:30, Plaza Circular
Tras haber celebrado una gran manifestación en Madrid con cerca de 10.000 asistentes, el colectivo da ahora un nuevo paso con una marcha en Bilbao. La convocatoria es para este sábado, a las 12:30 horas, desde la Plaza Circular, en pleno centro de la ciudad.
La manifestación recorrerá la Gran Vía hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno, donde se leerá un manifiesto y se explicarán los detalles de la reivindicación a las personas asistentes. La llamada se dirige no solo a abogadas, procuradoras y otros profesionales, sino también a clientes, familiares y ciudadanía en general, para visibilizar que la situación de sus pensiones está en juego.
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