El regreso a la Luna, los planes para explotar sus recursos y la creciente competencia entre potencias han abierto preguntas que hace apenas unas décadas parecían propias de la ciencia ficción. Juan Cruz González Allonca, abogado especializado en derecho espacial, ha explicado en Radio Popular cómo se regula hoy la actividad humana fuera de la Tierra y cuáles son los grandes vacíos jurídicos que todavía siguen abiertos.
La conversación se ha emitido en el programa EgunON Magazine.
Cinco tratados para poner límites al espacio
González Allonca ha explicado que el derecho espacial regula tanto la actividad humana fuera de la Tierra como el uso de cohetes, naves y otros objetos espaciales. Su base está formada principalmente por cinco tratados internacionales elaborados durante las décadas de 1960 y 1970.
Uno de sus principios fundamentales establece que ningún país puede apropiarse de la Luna, de una región del espacio o de otro cuerpo celeste. «Hay libertad de exploración y utilización del espacio, pero no nos podemos apropiar de una región de la Luna», ha señalado.
El gran debate: ¿de quién son los minerales de la Luna?
La cuestión cambia cuando se habla de los recursos que pueden extraerse. El experto ha explicado que existen dos grandes posiciones jurídicas: quienes consideran que, si nadie puede apropiarse de la Luna, tampoco puede hacerlo de sus minerales, y quienes defienden que esos materiales sí pueden extraerse y comercializarse.
El debate se encuentra actualmente en Naciones Unidas, donde se están elaborando documentos que podrían desembocar en futuras normas internacionales. Según González Allonca, esta discusión está además condicionada por las tensiones geopolíticas.
Los Acuerdos Artemis y el peso de Estados Unidos
Durante la entrevista también se han abordado los Acuerdos Artemis, impulsados por Estados Unidos para establecer principios de cooperación en la exploración espacial.
González Allonca ha subrayado una diferencia importante respecto a los grandes tratados internacionales: los Acuerdos Artemis han sido redactados por Estados Unidos y cada país decide si los acepta. Los tratados clásicos, en cambio, se han negociado con la participación de los países de Naciones Unidas.
A su juicio, esos acuerdos también buscan «generar cierta coherencia desde el punto de vista político» alrededor de un modelo de exploración acorde con los intereses estadounidenses.
Llegar a Marte tampoco significa poder hacer cualquier cosa
El especialista ha rebajado además la idea de una llegada inmediata a Marte. Antes, ha explicado, será necesario consolidar la presencia humana en la Luna, analizar la posibilidad de aprovechar recursos y adquirir experiencia para dar después el salto al planeta rojo.
En cualquier caso, ha insistido en que el espacio ya cuenta con normas. «No es el que llega primero se lo queda o el que llega primero extrae lo que quiere», ha afirmado. Entre las limitaciones actuales se encuentran la prohibición de colocar armas de destrucción masiva, la obligación de cooperación y el principio de no apropiación.
Bases permanentes y reactores nucleares
La futura explotación minera de la Luna plantea además otro problema: la ocupación práctica de determinadas zonas.
González Allonca ha explicado que algunas actividades podrían requerir reactores nucleares. La instalación de uno de ellos en una zona determinada podría impedir que otro país opere allí, lo que obliga a plantearse durante cuánto tiempo puede mantenerse una instalación o qué cantidad de recursos puede extraerse.
«La ocupación debería en algún punto estar también regulada», ha señalado.
¿Qué ley se aplicaría a un delito cometido en el espacio?
Otro de los asuntos abordados ha sido la jurisdicción. El especialista ha explicado que los objetos lanzados al espacio conservan generalmente el control y la jurisdicción del Estado de lanzamiento.
Así, si una nave española viaja a la Luna o al espacio profundo, un posible delito ocurrido en su interior sería investigado y juzgado dentro del marco jurídico español. La situación se complica en estructuras internacionales como la Estación Espacial Internacional, donde conviven módulos y astronautas de diferentes países.
¿Y si algún día encontramos vida inteligente?
La conversación ha llegado también a una de las grandes preguntas de la humanidad: qué ocurriría si se detectara una señal procedente de una civilización extraterrestre.
Actualmente no existe una legislación internacional que determine exactamente qué debe hacerse. Sí hay, en cambio, protocolos impulsados desde la comunidad científica. Entre ellos se encuentra el denominado protocolo de post-detección de inteligencia extraterrestre, elaborado por la International Astronautical Academy.
Este procedimiento plantea la necesidad de informar a la comunidad científica internacional, realizar revisiones independientes y comunicar cualquier posible hallazgo a los medios de forma clara.
El riesgo de que una empresa decida guardar silencio
González Allonca ha reconocido además una preocupación creciente: que una gran empresa tecnológica pueda llegar a detectar una señal y decida ocultarla.
Por ello, considera necesario avanzar hacia mecanismos internacionales que eviten que un único país o una sola compañía tenga capacidad para controlar una información de semejante trascendencia.
«Yo soy optimista»
Pese al aumento de la competencia geopolítica, la militarización y el interés por los recursos naturales del espacio, el jurista se ha mostrado optimista.
Ha recordado que los grandes tratados espaciales se negociaron en plena Guerra Fría, cuando la tensión entre las principales potencias era también muy elevada. «Demostramos que si nos ponemos de acuerdo, si nos sentamos y negociamos, podemos llegar a buenos resultados», ha señalado.
Juan Cruz González Allonca dirige el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales, ha formado parte del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina y estos días se encuentra en España, con una visita prevista a Bilbao.
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