El ruido político y mediático que rodea últimamente a la justicia en el Estado ha vuelto a encender los debates sobre la independencia judicial. Sin embargo, para Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, la situación actual no debe alarmar a la ciudadanía, sino entenderse como parte del normal funcionamiento democrático. En una entrevista concedida al programa EgunOn Bizkaia de Radio Popular, Rodríguez ha rebajado la tensión con la contundente afirmación que da título a este artículo.
El portavoz ha recordado que el judicial «es un poder más» y que, por tanto, la ciudadanía tiene pleno derecho a manifestar su desacuerdo. A su juicio, el foco está sobre los tribunales sencillamente porque «han llegado asuntos de mucha relevancia política y pública a la Administración de Justicia», lo que sitúa inevitablemente a la institución en el candelero.
Los ritmos de la justicia y el «caso Podemos»
Con respecto a las críticas sobre la supuesta «calendarización» de algunos casos o la reapertura de causas tras años de letargo, Rodríguez ha admitido que estos desfases temporales, aunque lamentables, son normales debido a la complejidad de los procesos. No obstante, ha descartado de forma tajante la existencia de una conspiración: «No creo que haya ninguna evidencia de que en estos momentos exista un plan que trate de explicar lo que está sucediendo con unos procedimientos y con otros».
Para ilustrarlo, el portavoz ha puesto como ejemplo paradigmático lo ocurrido en años anteriores con la formación política Podemos. «Podemos fue objeto de numerosísimas investigaciones que tuvieron una repercussión mediática enorme y ninguna de las cuales terminó en un solo asunto que haya sido luego objeto de un juicio en los tribunales». De este modo, ha subrayado la importancia de que la ciudadanía mantenga su derecho a la crítica, ya que «ningún poder, ni siquiera el judicial, está libre de la posibilidad de que se cuestione».
Hacia un modelo con fiscales instructores y jueces de garantías
Al ser preguntado sobre si el sistema actual de instrucción —donde el mismo juez investiga y adopta medidas cautelares— debería cambiar, Rodríguez se ha mostrado partidario de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha debatido en las Cortes. El magistrado defiende un modelo donde los fiscales dirijan la instrucción y los jueces se conviertan en «jueces de garantías».
«Si es la misma persona la que investiga y al mismo tiempo adopta medidas, al final tenemos un problema de falta de objetividad a la hora de decidir», ha advertido. Un juez de garantías, según ha explicado, vigilaría de forma neutral los derechos de las acusaciones, las víctimas y las defensas, determinando con mayor imparcialidad si las pruebas presentadas justifican una prisión provisional o la retirada de un pasaporte.
La policía opina, la judicatura debe aplicar «rigor»
Rodríguez también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al «rigor judicial» a la hora de evaluar los informes policiales, evitando los automatismos. «Quien instruye no puede ser la policía y, por lo tanto, no puede dar por bueno todo lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le ponen por delante», ha aseverado, recordando que el papel del juez es desentrañar si esos documentos tienen base o son meras especulaciones.
En este sentido, ha destacado la reciente citación del juez Santiago Pedraz al comisario García Catalán por sospechas de que se utilizaran informes de la UDEF con fines estrictamente políticos. «No todo lo que es una opinión de la policía puede constituir luego una prueba en juicio», ha insistido, recordando que, ante un tribunal, el uniforme no otorga mayor presunción de veracidad que el testimonio de cualquier otro ciudadano.
La reelección de Subijana y el déficit de jueces en Euskadi
En clave local, el portavoz ha celebrado la reelección de Iñaki Subijana como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), calificándola como «un éxito del sentido común» tras un mandato marcado por la calidad y el reconocimiento de toda la comunidad jurídica.
Sin embargo, no ha ocultado la preocupante situación estructural que arrastra la autonomía. Euskadi cuenta con un porcentaje de jueces por habitante que se sitúa por debajo de la media del Estado. Aunque ha valorado positivamente el anuncio de la creación de 509 nuevas plazas judiciales en el Estado para este año y el incremento en las plazas de oposiciones, Rodríguez ha advertido de que el atasco ya está aquí y que la solución pasa por una reforma eficiente del sistema, como la implantación de los Tribunales de Instancia.
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