El Ararteko lamenta la falta de respuesta de algunas administraciones. Manuel Lezertua ha pasado por los micrófonos de EgunOn Bizkaia en la semana en que ha presentado ante la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el informe anual del año 2022 de la Defensoría del Pueblo vasco. Lezertua ha realizado también ese balance en Radio Popular Herri Irratia.
Según ha detallado, durante el año 2022 se han llevado a cabo un total de 12.704 actuaciones –cifra ligeramente superior al año anterior–, de las que 7.504 corresponden a quejas y consultas y 21 a expedientes de oficio. Por áreas, destacan los correspondientes la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y Seguridad.
Se han realizado un total de 9.653 servicios en las oficinas de atención directa. De ellos, 4.664 han sido las quejas y consultas presentadas presencialmente en alguna de las tres oficinas, y 4.989 han consistido en asesoramiento e información a través del servicio telefónico.
Además, durante el año 2022, se han resuelto 2.328 expedientes de queja y se han dictado 1.355 resoluciones. En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobrevenidas –duplicidad con otros defensores, cuestiones pendientes de resolución judicial o con sentencia firme, inicio de vía judicial–.
Por otro lado, la duración media de los procedimientos de queja ha sido de 66 días. En los expedientes de queja, en cerca del 47% existía alguna actuación «incorrecta de la administración afectada», un porcentaje algo superior al del año anterior (45%).
La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 88% de los supuestos. En la mayoría de los casos no ha sido necesario dictar una recomendación formal por parte del Ararteko.
Colaboración con las administraciones
El Ararteko se ha encontrado con que la «flexibilización» de las condiciones que habían mantenido a la hora de tratar las quejas durante la pandemia,.»Se ha vuelto contra la eficacia de la institución», ha afirmado. «Hemos tenido que recurrir a mecanismos que yo, desde que integré la institución del Ararteko, había intentado evitar, que era recordar a las administraciones que es un delito no cooperar con el Ararteko», ha informado.
Según ha detallado, «en 46 ocasiones, en el mes de diciembre, el ararteko recordó la existencia de un delito, y la posibilidad que se estaba valorando de acudir a la Fiscalía del País Vasco para presentar denuncias por incumplimientos».
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