El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ha dictado la suspensión cautelar de la nueva licitación del servicio de transporte sanitario en Euskadi. Esta decisión llega tras el recurso presentado por el sindicato ELA, que advierte de graves anomalías en la documentación elaborada por Osakidetza. Aunque la resolución aclara que la atención a los pacientes queda completamente garantizada, el procedimiento permanece congelado a la espera de un fallo definitivo sobre el fondo de la cuestión. Para analizar el alcance de este parón, el programa EgunOn Bizkaia ha entrevistado a David Garrido, conductor de ambulancias y delegado sindical de ELA, quien ha detallado los motivos que han llevado a la paralización de un concurso valorado en 1.360 millones de euros.
Durante la entrevista, Garrido ha recordado que el servicio de ambulancias en la comunidad autónoma está «casi completamente privatizado», existiendo únicamente 12 vehículos medicalizados de gestión 100% pública. Desde la central sindical reclaman que las 22 nuevas unidades contempladas en la nueva licitación pasen a integrarse en la red pública. «Entendemos que hay un acuerdo con Osakidetza para que los nuevos servicios sean 100% públicos. No tiene sentido que aumente la partida privatizada cuando abogamos por la publificación de un servicio que es esencial», ha señalado el representante sindical. Asimismo, ELA denuncia la opacidad en el cálculo de costes de personal y la falta de datos claros sobre el coste real del servicio, motivo por el cual exigen un «ejercicio de transparencia» antes de reanudar el proceso de contratación.
Conflicto laboral y riesgo de cesión ilegal
Otro de los puntos críticos señalados por el colectivo es la precarización y la desprotección de la plantilla. Según ha explicado Garrido, existe un riesgo real de cesión ilegal de trabajadores, dado que la propia administración ya gestiona de forma directa aspectos clave como la coordinación, los protocolos y las directrices operativas. El delegado ha rememorado episodios pasados de alta conflictividad en el sector —como concursos de acreedores o abandonos repentinos del servicio por parte de empresas adjudicatarias— para justificar la necesidad de un cambio de modelo: «Si el servicio fuese público, no existirían estos problemas que generan incertidumbre a la plantilla y riesgo a la ciudadanía».
Futuras movilizaciones en el horizonte
Consultado sobre la posibilidad de convocar paros o jornadas de huelga si la administración no se sienta a negociar, el portavoz de ELA ha indicado que permanecerán a la espera de lo que dictamine el OARC. No obstante, ha asegurado que los servicios jurídicos estudiarán todas las vías para garantizar los derechos laborales y una subrogación efectiva de los trabajadores. Garrido también ha querido visibilizar las dificultades que afronta el personal a la hora de ejercer sus derechos de protesta, recordando que es un «sector prácticamente sin derecho a la huelga» debido a unos servicios mínimos que consideran abusivos (del 100% en el transporte urgente y de en torno al 80% en el no urgente).
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