La reciente muerte violenta de una trabajadora de ayuda a domicilio en O Porriño ha conmocionado al sector. La víctima había comunicado reiteradamente su temor a acudir al domicilio donde finalmente fue asesinada. Este hecho ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales y de seguridad en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
En una entrevista emitida en EgunON Magazine, las portavoces del sindicato ESK, Sarai Arce Aizpurua, han alertado de que «esto no es un caso aislado, sino una muestra más de una violencia estructural que afecta a trabajadoras de sectores feminizados y precarizados como el de los cuidados».
Reivindicación de un cambio estructural
Desde ESK han reclamado que este suceso sirva de «punto de inflexión». Han recordado que el SAD es un servicio público, financiado por las diputaciones en Euskadi y gestionado en muchos casos mediante subcontratas. «Las administraciones públicas deben ser garantes de lo que ocurre en esos domicilios», han insistido.
Las trabajadoras del SAD suelen realizar visitas de entre media hora y una hora y media en varios domicilios al día, lo que incrementa su exposición a situaciones de riesgo. «En una jornada pueden atender a cinco o seis personas distintas, sin saber qué les espera en cada lugar», ha explicado Arce Aizpurua.
Violencia invisible y sin protocolos eficaces
Las portavoces del sindicato han señalado que «la precariedad se impone sobre la seguridad» y que muchas veces las denuncias de las trabajadoras no activan ningún protocolo. «Hay trabajadoras que acuden a domicilios donde ya han expresado que se sienten amenazadas y lo hacen solas, sin ningún tipo de respaldo institucional ni medidas de prevención», han denunciado.
Han recordado que existen múltiples situaciones de riesgo, desde comentarios machistas hasta amenazas o presencia de terceras personas ajenas. Incluso han citado casos de violencia de género presenciada por las profesionales dentro del domicilio.
Formación, prevención y responsabilidades claras
ESK ha exigido formación específica, protocolos de actuación ágiles y efectivos, y una revisión integral del sistema de subcontratación. «No puede pasar más de un día desde que se comunica una situación de riesgo hasta que se tomen medidas», han subrayado.
Han instado al Gobierno Vasco, y especialmente al Departamento de Trabajo y Empleo, a asumir su responsabilidad como garante de los derechos laborales. «La impunidad no puede seguir siendo la norma. La responsabilidad no es solo de la empresa, también de quien contrata y financia el servicio público», han concluido.
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