A las puertas de que el próximo 12 de junio entre en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, las comunidades autónomas, y especialmente el Gobierno vasco, se encuentran en una situación de total incertidumbre. Así lo ha denunciado Xavier Legarreta, viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, en los micrófonos de EgunOn Bizkaia. A pesar de que los Estados miembros han tenido desde 2024 para diseñar el plan de ejecución, Legarreta ha lamentado que «a 17 días de que entre en vigor la implementación, la desinformación es total al respecto».
Desde Euskadi se observa con profunda preocupación la gestión unilateral y opaca que está llevando a cabo el Ejecutivo central. «No tenemos a día de hoy ningún tipo de información de cuál es el plan que tiene el Gobierno español para llevar a cabo esa implementación ni cómo nos va a afectar», ha advertido el viceconsejero, quien califica la respuesta de Madrid como un «silencio absoluto» y nada participativo.
El modelo de gobernanza estatal, a examen
Para el Gobierno vasco, este escenario no es nuevo, sino que constata las graves carencias del actual modelo estatal de gobernanza migratoria, el cual tiende a invisibilizar la experiencia y el peso de los territorios. Como dato objetivo, Legarreta ha revelado que la última vez que el Gobierno de España convocó una Conferencia Sectorial en materia migratoria fue en marzo del año 2025.
«Desde marzo de 2025 las comunidades autónomas no hemos sido llamadas a una Conferencia Sectorial para abordar la política migratoria», ha criticado con dureza. Una desconexión institucional que resulta especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el Estado se encuentra también en pleno proceso de regularización extraordinaria, un asunto del que las autonomías tampoco disponen de información oficial más allá de lo publicado en el BOE.
Euskadi y Canarias se plantan ante Madrid
Ante esta falta de interlocución, el Gobierno vasco ha estrechado alianzas con el Gobierno de Canarias, compartiendo la realidad de ser las dos grandes puertas de entrada: las islas como frontera sur y Euskadi como frontera norte del Estado. En este sentido, Legarreta ha recordado el enorme esfuerzo local, destacando que desde el año 2018 Euskadi ha atendido a más de 40.000 personas migrantes en tránsito en los recursos de Irun.
Como respuesta conjunta al ninguneo estatal, ambos Gobiernos autonómicos han elaborado una declaración de posicionamiento y organizarán, el próximo 5 de junio en Madrid, una jornada técnica en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. El objetivo de este encuentro, dirigido a asociaciones y expertos internacionales, es «intentar en la medida de lo posible dar claves ante la falta de información del Gobierno de España» sobre cómo va a impactar el nuevo pacto en los territorios.
Incógnitas sobre el Centro Arana y los recursos de Irun
Una de las mayores preocupaciones es cómo afectarán las nuevas reglas europeas al Modelo Vasco de Acogida, un sistema basado en la integración que se ha consolidado tras más de 20 años de colaboración con el tercer sector. El pacto europeo prevé decisiones de cribado rápido en un plazo de siete días y la creación de centros estatales, pero el Gobierno vasco desconoce por completo dónde se ubicarán o qué procedimientos se seguirán.
Esta opacidad rodea también a proyectos locales envueltos en la polémica, como el Centro Arana de Vitoria-Gasteiz. Legarreta ha criticado que «nadie nos ha puesto encima de la mesa un proyecto escrito de lo que va a ser el Centro Arana», señalando las constantes contradicciones del Gobierno central, que ha ido rebajando la previsión de plazas de 350 a 120 y cambiando el perfil de los usuarios de manera improvisada.
La incertidumbre es igualmente crítica en la frontera de Gipuzkoa, donde actualmente está en el aire el convenio con Cruz Roja para la gestión del recurso de Hilanderas en Irun. En la última mesa de tránsito, la Subdelegación del Gobierno central respondió con el silencio al ser preguntada por la continuidad de este dispositivo. «La preocupación fue unánime por parte de todos ante el silencio de la Subdelegación de Gipuzkoa», ha concluido Legarreta, recordando que las instituciones vascas han exigido por carta al Ministerio claridad inmediata porque, al fin y al cabo, «estamos hablando de vidas».