En una nueva entrega de la sección Apuntes Jurídicos del programa EgunOn Bizkaia, los abogados Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez, del despacho RASL Abogados, han dado respuesta a diversas consultas legales de la audiencia relacionadas con la gestión de patrimonio, reclamos administrativos y privacidad vecinal.
Derechos del cónyuge e hijos en el Derecho Civil Vasco
Ante la consulta sobre qué sucede cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, el letrado Sergio Ruiz ha aclarado la posición del cónyuge y los descendientes. Ruiz ha recordado que los hijos son los herederos directos bajo el marco del Derecho Civil Vasco. No obstante, el cónyuge supérstite cuenta con una doble protección que le otorga el usufructo de la mitad de la herencia y el derecho de habitación sobre el domicilio habitual. Asimismo, Ruiz ha subrayado la importancia de liquidar la sociedad de gananciales antes de abordar el reparto hereditario y ha aconsejado planificar pactos sucesorios en vida para evitar conflictos familiares y aprovechar los beneficios fiscales actuales.
Retrasos de la Seguridad Social en pensiones por incapacidad
Por su parte, Pablo de los Ríos Enríquez ha abordado la situación de un oyente con sentencia firme de incapacidad permanente que lleva dos meses sin recibir el pago de la prestación por parte de la Administración. De los Ríos ha explicado que dos meses es el plazo legal que tiene la Seguridad Social para iniciar los abonos. Si tras ese periodo no se ha ejecutado el pago, el letrado ha recomendado solicitar la ejecución de la sentencia ante el juzgado para que este requiera directamente a la Seguridad Social. El abogado ha transmitido tranquilidad al afectado, asegurando que el beneficiario cobró y cobrará todos los atrasos calculados al céntimo, atribuyendo estas demoras a problemas puntuales de escasez de personal o gestión presupuestaria.
Grabaciones no autorizadas en las zonas comunes del edificio
Finalmente, ante la consulta sobre un vecino que ha colocado una cámara enfocando a una vivienda privada, Pablo de los Ríos ha sido tajante al señalar que no es legal grabar zonas comunes ni propiedades ajenas sin la autorización de la comunidad de propietarios. Para resolver la situación sin saturar la vía judicial, el letrado ha aconsejado presentar en primer lugar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aportando pruebas fotográficas. Como paso posterior, se puede trasladar el caso a la comunidad de propietarios para exigir al infractor la retirada inmediata del dispositivo.
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