La pasada semana se presentó el Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011), elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.
El trabajo ha sido realizado por los profesores Jose Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad L. Vicente tras la petición realizada a comienzos de 2020 por el Gobierno Vasco a través de la entonces Secretaría General de Derechos Humanos, Conviviencia y Cooperación, dependiente en aquel momento de Lehendakaritza y liderada por Jonan Fernández.
Para realizar el informe se ha entrevistado a personas pertenecientes a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en diferentes etapas, así como a otros familiares de agentes. Entre los datos cuantitativos obtenidos, el documento refleja que ETA asesinó en ese periodo a 357 personas: 207 (58%) guardias civiles o exguardias civiles, y 150 (42%) del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, en el caso de los guardias civiles y debido a los reiterados ataques a las casas cuartel, 17 personas de sus familias murieron en diferentes atentados, dos de ellas adolescentes y 11 niños y niñas. Por último, los atentados cometidos por ETA dejaron 711 personas heridas; el 43% de ellas, con lesiones que provocaron una incapacidad permanente total.
José Ramón Intxurbe indica que el informe destaca la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Guardia Civil y sus familias por el terrorismo de ETA. Intxaurbe indica que las víctimas tienen un cierto desapego o desarraigo por la respuesta institucional que obtuvieron porque consideran que no fue la que ellos esperaban y porque como sociedad dimos por hecho que ese sufrimiento era natural e inevitable en lo que fue la lucha contra el terrorismo.
Según los testimonios recogidos en el informe estás personas destacan la imposibilidad que tenían para socializar producto de las estrictas pautas que tenían de autoprotección. Estas personas vivian recluidas en sus casas cuartel en el caso de la Guardia Civil o los policías nacionales ocultando su profesión en el vecindario, en consecuencia hubo un décifit muy claro de socialización debido a las amenazas y, cuando se producía un atentado, se marchaban en busca de seguridad y de otros lazos familiares, con lo que sentían lejana a la sociedad vasca.
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