Internacional
La abogada salvadoreña y defensora de derechos humanos Ivania Cruz, integrante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEC), ha pasado por los micrófonos de EgunON Magazine de Radio Popular – Herri Irratia en Bilbo para desgranar el impacto del régimen de excepción prolongado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Un país bajo un régimen permanente
Cruz ha explicado que Bukele ha sido reelegido de forma inconstitucional y que, bajo el amparo del régimen de excepción, ha capturado a más de 86.000 personas, muchas de ellas sin garantías procesales. La letrada ha subrayado que organizaciones nacionales ya han documentado más de 500 muertes en centros penitenciarios debido a torturas, golpes y falta de asistencia médica.
Resistencia popular pese al miedo
A pesar de la represión, la entrevistada ha resaltado que «existe un bloque de resistencia y rebeldía popular que aglutina a 35 organizaciones», entre colectivos feministas, sindicales y de derechos humanos, que ha seguido movilizándose en las calles salvadoreñas. El 1 de mayo ha congregado a unas 8.000 personas, a pesar de controles militares destinados a frenar las protestas, ha recordado.
Desalojos y líderes encarcelados
La abogada ha denunciado que el gobierno ha amenazado con desalojar a más de 20 comunidades, entre ellas La Floresta y la cooperativa El Bosque, para favorecer intereses inmobiliarios. En ese contexto, ha relatado, la policía militar ha detenido a líderes comunitarios como Fidel Zavala y a 25 personas adicionales durante manifestaciones pacíficas.
El «experimento» que mira hacia Europa
Cruz ha advertido de que Bukele ha funcionado como «un experimento financiado por Estados Unidos» que pretende exportar su modelo de seguridad a otros países, incluidas naciones europeas donde ya se han organizado actos para ensalzarlo. A su juicio, la normalización de las detenciones sin cargos ha sentado un peligroso precedente internacional.
Llamamiento a la comunidad internacional
Finalmente, la invitada ha apelado a la sociedad civil de Euskal Herria y de la comunidad internacional para que mantenga la vigilancia y dé voz a las víctimas de la represión salvadoreña, subrayando que la seguridad «no debe ser a costa del sacrificio de los derechos humanos», tal y como ha reiterado durante la entrevista.
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