El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha defendido en EgunOn Bizkaia la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Rodríguez ha subrayado que el nuevo modelo va a sustituir a la figura del juez de instrucción por una fiscalía investigadora y consolidará al juez de garantías como árbitro imparcial del proceso.
Un cambio de modelo con enfoque europeo
Rodríguez ha explicado que el sistema ha dado un giro “sustancial” hacia la europeización de la justicia, al encomendar la investigación a la Fiscalía, con auxilio de la policía judicial, y al reservar al juez de garantías la tutela de los derechos fundamentales. El portavoz ha destacado que el juez que decide sobre medidas cautelares o la apertura de juicio no va a intervenir en la investigación, lo que reforzará su imparcialidad.
Garantías para defensa y acusación
El representante de JJpD ha precisado que la defensa puede acudir en cualquier momento ante el juez de garantías para cuestionar pesquisas sin base suficiente o limitaciones de derechos. Al mismo tiempo, la Fiscalía tiene que convencer a ese juez para adoptar medidas como la prisión preventiva, la entrada y registro o la intervención de comunicaciones. “Vamos a igualar las armas procesales”, ha resumido.
Independencia de la Fiscalía y límites a la acusación popular
Rodríguez ha valorado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal asociado a la reforma ha blindado que el Gobierno no pueda dar instrucciones en asuntos concretos al Fiscal General del Estado. También ha señalado que el mandato del Fiscal General no va a coincidir con el del Ejecutivo, en línea con lo solicitado por el Comité de Venecia. Sobre la acusación popular, ha indicado que se mantiene pero con vínculo legítimo con el objeto del procedimiento, con el fin de evitar abusos.
El papel del CGPJ y el consenso jurídico
El portavoz ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe extenso y que varias sugerencias se han incorporado al texto. También ha remarcado que ha existido consenso en la comunidad jurídica sobre la necesidad de abandonar un modelo inquisitivo y avanzar hacia un sistema garantista.
Calendario y recursos
Rodríguez ha advertido que, pese al avance, la entrada en vigor se fija para el 1 de enero de 2028, lo que obliga a una “larga vacatio legis”. En clave operativa, ha considerado que la Fiscalía necesita refuerzos de personal y mayor coordinación con la policía judicial, incluso con fiscales en comisarias, para asumir el nuevo liderazgo investigador. Asimismo, ha señalado que la remodelación de la planta judicial puede facilitar reubicaciones de jueces de instrucción hacia la Fiscalía u otras jurisdicciones con carga elevada.
Protección de las personas más vulnerables
El portavoz ha defendido que la Fiscalía ejerce un papel garantista con personas mayores, menores, mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad, porque tiene la función de proteger derechos de quienes cuentan con menos recursos para litigar.
Evitar la politización del proceso penal
Rodríguez ha insistido en que el proceso penal no se debe utilizar como arma en el debate político. Ha remarcado que el nuevo esquema pone cortafuegos a la arbitrariedad, al permitir a la defensa acudir al juez de garantías cuando se abren causas generales o se amplían los hechos sin sustento.
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