La crisis de la vivienda sigue ocupando una parte central de las preocupaciones sociales en Bilbao, especialmente entre la población joven, pero también entre muchas otras personas que ven cómo el acceso a una casa en propiedad o en alquiler se complica cada vez más. Esa realidad se vuelve todavía más dura cuando desemboca en la forma más extrema de exclusión residencial: el sinhogarismo.
En este contexto, Leire, representante del Sindicato Socialista de Vivienda de Bilbao, ha explicado en Radio Popular – Herri Irratia la denuncia pública realizada por el colectivo en torno a la situación vivida en varios pabellones de Zorrotzaurre. Según ha relatado, el problema no se limita al desalojo de personas que residían allí, sino también al papel que se ha intentado atribuir a profesionales de la intervención social, a quienes se les habría pedido participar en actuaciones que, a su juicio, no forman parte de sus funciones.
El papel de la intervención social
Leire ha detallado que el trabajo habitual de las personas dedicadas a la intervención social consiste en acoger, evaluar situaciones y gestionar recursos para mejorar las condiciones de vida de personas, familias o grupos en riesgo de exclusión. En esa labor se incluyen el análisis de problemáticas, la elaboración de diagnósticos y la puesta en marcha de programas específicos para favorecer procesos de mejora a largo plazo.
Desde esa perspectiva, ha subrayado que su cometido debe centrarse en el acompañamiento social y en facilitar recursos, no en informar o presionar a personas vulnerables para que abandonen el lugar en el que viven. La denuncia del sindicato pone el foco precisamente en ese límite: cuándo una actuación institucional deja de ser acompañamiento y pasa a convertirse en una herramienta al servicio del desalojo.
La denuncia sobre Zorrotzaurre
Durante la entrevista, Leire ha situado lo ocurrido en Zorrotzaurre dentro de un proceso más amplio de transformación urbana en Bilbo. A su juicio, la regeneración de la zona se está desarrollando en un contexto marcado por la colaboración público-privada y por una lógica de negocio en torno a la vivienda que termina expulsando a las personas más vulnerables.
En relación con los hechos denunciados, ha asegurado que en octubre se pidió a dos trabajadores sociales que acudieran a los pabellones para comunicar a las personas residentes que iban a ser expulsadas. Según ha explicado, ambos profesionales se negaron a asumir esa función y posteriormente habrían sufrido represalias laborales que terminaron con la pérdida de su empleo.
Además, ha señalado que en aquellas semanas se produjeron diversas presiones sobre el entorno de los pabellones, entre ellas incidentes relacionados con cañerías y llaves de paso que provocaron una grave inundación en la zona de Consonni. Según ha explicado, esa situación afectó a distintos espacios del recinto y generó un contexto de mayor vulnerabilidad para quienes seguían allí.
Albergues que no resuelven el problema
Uno de los ejes de la conversación ha girado en torno a qué se entiende realmente por alternativa habitacional. Está en cuestión que derivar a personas desalojadas a albergues nocturnos pueda considerarse una solución real al problema de la vivienda.
Según ha explicado, en el caso de Zorrotzaurre algunas de las personas afectadas fueron enviadas a recursos en los que solo podían permanecer durante la noche, teniendo que abandonar el lugar a primera hora de la mañana sin garantías sobre la duración de esa estancia ni sobre su continuidad. A su entender, ese tipo de recurso puede servir para pernoctar, pero no constituye una respuesta estable, digna y de calidad.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Bilbao, la exigencia pasa por que cualquier alternativa habitacional sea permanente, digna, gratuita y adecuada para que las personas puedan desarrollar su vida con unas condiciones mínimas de estabilidad.
Más personas fuera del sistema
La entrevista también ha puesto sobre la mesa el estado actual de los recursos públicos de acogida. Leire ha advertido de que muchas personas se están quedando fuera de los dispositivos de atención porque no existen plazas suficientes para responder a la magnitud del problema.
En ese diagnóstico, ha recordado que el sinhogarismo ha crecido con fuerza en los últimos años y ha contrapuesto esa realidad con la existencia de miles de viviendas vacías en Bilbao, una contradicción que, en su opinión, evidencia que el acceso a una vivienda sigue condicionado por intereses económicos mientras parte de la población continúa viviendo en la calle.
A ello se suma, según ha explicado, la situación del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, donde actualmente se estarían dando esperas de hasta tres meses para conseguir una cita. Un plazo de ese calibre, ha remarcado durante la conversación, resulta difícil de encajar con la propia idea de urgencia.
Objeción y malestar profesional
Otro de los aspectos abordados ha sido el malestar de parte de los profesionales cuando se les encomiendan tareas vinculadas a desalojos. La representante del sindicato ha comparado esa incomodidad con la expresada en otras ocasiones por colectivos de bomberos que han rechazado intervenir en desahucios por considerar que su labor debe centrarse en proteger vidas, no en expulsar a personas de sus casas.
En ese sentido, ha defendido que las órdenes de este tipo chocan con las convicciones de muchos trabajadores y trabajadoras, y ha lamentado que no siempre se respete el derecho a la objeción ante intervenciones que consideran incompatibles con la función social que desempeñan.
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