Euskadi a la cola en el desarrollo de su sistema de atención a la dependencia
Los pensionistas de CCOO y UGT denuncian que, según el Observatorio de la Dependencia, Euskadi ocupa el puesto número 12 de 17 en la clasificación de Comunidades Autónomas en el desarrollo de su sistema de atención a la dependencia. Es decir, con tan solo 4 puntos, 7 décimas por debajo de su puntuación del año anterior, Euskadi se sitúa a la cola en la prestación de este servicio.
Maribel Ballesteros, de la Federación de Pensionistas de UGT, descarta que el mal dato se deba a la falta de medios de la comunidad y lo vincula con la creciente privatización y precarización del sector. Una reflexión con la que coincide el Secretario General de CCOO, Salvador González, que apuntaba que el sector está completamente manejado por empresas privadas. González señalaba además que la concertación de estos entes privados con otras empresas corresponde a un encubrimiento de la privatización del servicio, y añadía que, además, “se está cargando negativamente a los trabajadores.”
Las carencias del servicio vasco van en contra de la ley
La Ley de Dependencia que rige en Euskadi desde 2006 exige la garantía del derecho a la atención de personas con falta de autonomía física, mental o sensorial, ofreciendo servicios de ayuda a domicilio, centros de día, residencias y prestaciones económicas para cuidados familiares.
En la práctica, los sindicatos se quejan de que las ayudan no llegan, o por lo menos no al ritmo de las necesidades sociales. Ballesteros, de UGT, en un reproche a las instituciones, decía no entender cómo de las 121.000 solicitudes registradas hubiera 88.000 resoluciones y 74.000 atendidos. Una realidad preocupante, proseguía la representante sindical, si se tiene en cuenta que en 2025 murieron 2055 personas en lista de espera, 10 sin resolución de grado y 2045 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.
Dificultades de acceso y falta de profesionalización del sector
“Una de las cuestiones que nosotros ponemos en el tintero es la profesionalización del servicio,” expresaba Salvador González, en relación a la saturación de las trabajadoras cuidadoras. “Están ya al límite de sus capacidades de trabajo,” agregaba su compañera de UGT. Los sindicatos aludían así a la precarización de los cuidados y exigían un mayor presupuesto para dignificar el sector y poder atender a toda la gente que precisa de este tipo de ayuda.
El “doble copago” para las familias
Por último, desde las Federaciones Sindicales acusaban a la Administración de la falta de transparencia en su gestión, por su negativa a publicar los datos de copago que asumen las personas beneficiarias en los territorios. Un copago que siguen considerando excesivamente alto. “Vemos que las residencias están de 2.500 para arriba, dependiendo del sitio que estén, pero no sabemos cuánto es el cargo que tienen que soportar las familias, aparte de lo que pueda pagar el propio afectado con su pensión,” se quejaba González.
“Tenemos los medios suficientes, tenemos que tener los servicios suficientes, y lo que no se puede permitir es la privatización permanente,” concluía Ballesteros, reiterando que “la dependencia es un derecho y tiene que atenderse con un servicio de calidad.”
Otras demandas de los pensionistas incluyen el incremento de los servicios de prevención y la garantía de un número de horas de atención suficiente. Desde las Federaciones de Pensionistas advierten de que mientras sus reivindicaciones no se escuchen, seguirán saliendo a la calle.
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