Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el grupo ecologista Eguzki, que ha denunciado una vez más los repetidos incendios que se dan en plantas de reciclaje. Según denuncia Eguzki, «nos resulta difícil de entender que se produzcan hechos de este tipo tan a menudo sin que, al parecer, tengan mayores consecuencias. El ocurrido en Erandio el 15 de agosto ha sido el tercer incendio, que recordemos, en lo que va de año». En él, dos trabajadores resultaron intoxicados por humo en el incendio registrado en una empresa de reciclaje en Erandio (Bizkaia). Uno de los afectados fue atendido por sanitarios en el lugar y el otro precisó su traslado al hospital de Cruces.
Según informó entonces el Departamento vasco de Seguridad, previamente, se había levantado la recomendación de cierre de puertas y ventanas, con carácter preventivo, que había hecho a los domicilios cercanos al incendio surgido en una pila de chatarra almacenada en la empresa de reciclaje Indumental Recycling, ubicada en el polígono industrial Asua Berri, en Erandio (Bizkaia).
Dotaciones de bomberos de Bizkaia trabajaron desde las ocho de esta mañana para extinguir el fuego. Sobre las diez de la mañana, los bomberos informaron de que el incendio estaba controlado, mientras removían y remojaban la zona afectada por las llamas. Las llamas generaron una gran nube de humo, por lo que Salud Pública recomendaron el cierre de puertas y ventanas, con carácter preventivo, en los domicilios cercanos al incidente.
Sospecha sobre los incendios
Según Garikoitz, de Eguzki, el número de incendios «creemos que es una cantidad importante, que afecta y/o tiene en vilo a la mayor concentración de población (unos 860.000 habitantes) de Euskal Herria. Pero nunca ocurre nada, al menos a las empresas en las que se generan los incendios. Ocasionalmente, alguna multa y medidas correctoras por falta leve. La excepción es precisamente Indumetal Recycling, que hace apenas unos meses fue condenada por delito medioambiental, al haberse probado que al menos desde 2013 a 2016 incumplió “de forma sistemática” las exigencias legales para poder desarrollar su actividad. De hecho, cuatro de sus directivos, que han reconocido los hechos, han sido condenados a penas de cárcel, suspendidas, entre otras cosas, porque el Tribunal ha tenido en cuenta la dilación del proceso, que se ha prolongado durante ocho años. Pero ya decimos que es la excepción y, en definitiva, las empresas siguen trabajando y gestionando como siempre.
Por supuesto, no queremos obviar el trabajo de las asociaciones vecinales (encomiable e ingrata labor la suya) para que Profesa y Sader salgan de Bilbao, pero cuando decimos que no pasa nada estamos poniendo el foco en la administración pública, en general, y en el Gobierno Vasco, como gestor de la competencia, en particular.»
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