La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Dirección General de Consumo una práctica de Engel & Völkers que, a su juicio, vulnera la Ley de Arrendamientos Urbanos. La organización sostiene que la inmobiliaria está cobrando a determinados inquilinos una cantidad equivalente a una mensualidad por unos servicios que considera propios de la intermediación inmobiliaria y que, según la normativa, deben ser asumidos por el propietario.
La conversación se ha emitido en el programa EgunON Magazine.
Una mensualidad por servicios inmobiliarios
El portavoz de OCU, Enrique García, ha explicado que la organización ha analizado un modelo contractual denominado «encargo de prestación de servicios», utilizado por Engel & Völkers con candidatos a arrendatarios.
Según García, ese documento incluye tareas como la presentación de inmuebles, la organización de visitas, la recopilación y valoración de documentación sobre solvencia, la negociación de las condiciones del contrato o la entrega de la vivienda.
«Todas esas actividades son habituales de los servicios de intermediación y la Ley de Arrendamientos Urbanos es muy clara en este sentido. No se puede cobrar a los arrendatarios esos servicios de intermediación inmobiliaria», ha afirmado.
La OCU sostiene que, a través de este modelo, se exige al futuro inquilino un importe equivalente a una mensualidad del alquiler.
«Estamos, a nuestro juicio, ante un incumplimiento claro de la Ley de Arrendamientos Urbanos por cobrar los servicios de agencia al arrendatario, en vez de que se cobren al arrendador», ha señalado García.
La OCU cuestiona que sean servicios voluntarios
Uno de los puntos que ha puesto en duda la organización es que estos servicios puedan considerarse realmente independientes y solicitados voluntariamente por quien busca la vivienda.
García ha explicado que, según el modelo estudiado, el denominado encargo de prestación de servicios debe firmarse para poder acceder a las visitas de los inmuebles.
«Si tú no firmas ese documento, no puedes ir a las visitas. Por tanto, no hay voluntariedad en esos servicios», ha asegurado el portavoz de OCU.
La organización entiende que las tareas incluidas en ese documento forman parte de la actividad habitual de una agencia inmobiliaria. «No cuestionamos, por supuesto, que la agencia cobre por los servicios que presta. Sin embargo, se los tiene que cobrar al arrendador y no al arrendatario», ha precisado.
Los gastos de gestión corresponden al propietario
García ha recordado que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los relacionados con la formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador.
«Esos gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato tienen que ser asumidos por el arrendador, por el propietario», ha indicado.
La OCU considera que el modelo que ha analizado traslada esos costes al futuro inquilino mediante una denominación diferente, pese a que las actividades realizadas siguen correspondiendo a los servicios habituales de intermediación.
No es lo mismo que la fianza
El portavoz de los consumidores también ha diferenciado este cobro de la fianza del alquiler, que sí debe aportar el arrendatario.
«No tiene nada que ver. Eso es aparte. Eso es la fianza, que es una práctica legal», ha explicado García.
La fianza tiene como finalidad responder ante posibles daños derivados del uso de la vivienda y suele equivaler a una mensualidad. El cobro denunciado por OCU es diferente: corresponde, según la organización, a otra mensualidad destinada a pagar los servicios prestados por la agencia inmobiliaria.
«Esto es que se cobra un mes de renta por los servicios que presta la agencia», ha explicado el portavoz.
OCU pide que Consumo investigue la práctica
La organización ha llevado el caso ante la Dirección General de Consumo y ha solicitado que se investigue la actuación de la inmobiliaria.
«Nosotros lo que pedimos es que se investigue a la agencia, que cese de forma inmediata esta práctica y, si se ha incumplido la norma, se ponga la sanción oportuna», ha señalado García.
OCU también ha recomendado a los consumidores que hayan abonado este tipo de cantidades que presenten una reclamación para tratar de recuperarlas.
«Recomendamos a todos los consumidores que reclamen la devolución de estas cantidades, porque no les corresponde a ellos», ha indicado su portavoz.
La petición planteada ante Consumo busca que se analice el modelo contractual utilizado y que, si la Administración confirma el criterio defendido por la organización, deje de trasladarse al inquilino el coste de unos servicios inmobiliarios que OCU considera que corresponden al arrendador.
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