El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que es un mito urbano que Bruselas pueda penalizar a España por el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y sindicatos, sin el concurso de la CEOE.
Sordo ha explicado que, ante la necesidad de derogar la reforma de pensiones del año 2013, que iba a conllevar recortes muy importantes en las pensiones futuras, se comprometieron a negociar un Índice de Equidad Intergeneracional, y que éste no podía ser el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 llamado de otra manera.
Ha señalado que se ha dejado atrás la solución del recorte de la pensión media, para,siendo conscientes de que va a haber un 50% más de personas pensionistas, tomar una batería de medidas que mejoren la estructura de ingresos de la Seguridad Social .
Sordo ha indicado que la empresa será la que más pague porque las cotizaciones sociales no dejan de ser una forma de salario diferido, y se incrementa en seis décimas para volver a nutrir la caja de las pensiones, el llamado fondo de reserva, que durante la gestión de la última crisis, se vació en el entorno de unos 60.000 millones de euros.
También ha recordado que esto va acompañado de otra serie de medidas, porque se han sacado de la caja de la Seguridad Social los denominados gastos impropios, se van a introducir recursos desde los Presupuestos Generales del Estado y se sube el SMI.
Esperamos que en los próximos meses, según ha mencionado, procedamos al destope de las bases máximas de cotización, de manera que, entre todas estas medidas y alguna más, como la cotización del régimen de trabajadores autónomos, se puedan recomponer la estructura de ingresos de la Seguridad Social y se lance una certidumbre a la población, que es, que si hay voluntad política, va a haber pensiones públicas suficientes, no solo ahora, sino en esos años, en los que van a jubilar las generaciones del Baby boom.
Sordo ha explicado que lo acordado ayer hay que incluirlo en el proyecto de Ley de Pensiones como una enmienda en el trámite parlamentario y, si esto es así, a finales de este año esta Ley verá la luz y es perfectamente compatible con lo que el Estado español remitió a la Comisión Europea como objetivos para la recepción de los fondos de recuperación europeos, los famosos 700.000 millones de euros.
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