Seis empresas que se encargan de la distribución de vacunas contra la COVID avivan una crisis sin precedentes de derechos humanos. Según un informe de Amnistía Internacional, a pesar de que tienen previstos beneficios de miles de millones de dólares se niegan a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y a compartir la tecnología de las vacunas.
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